Vicentin: los fiscales revelaron cómo los exdirectivos siguieron sacando fondos de la empresa hasta 2024

La Justicia de Santa Fe investiga nuevos hechos de administración fraudulenta que se habrían cometido por parte de exdirectivos de Vicentin, incluso después de 2020. La fiscalía estima un perjuicio económico de hasta 6 mil millones de pesos actualizados. Hay cuatro detenidos y otras 15 personas con medidas restrictivas.

La Causa Vicentin sumó un nuevo capítulo tras la decisión del juez penal Nicolás Foppiani de dictar prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la agroexportadora: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Ahora, los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno revelaron que las maniobras ilegales continuaron incluso después de que se iniciara la investigación original, en 2020.

Roberto Gazze y Daniel Buyatti, dos de los exdirectivos de Vicentin que están bajo proceso judicial.

Nuevas maniobras, mismo esquema

Según explicó el fiscal Narvaja, los exdirectivos continuaron desviando fondos de Vicentin y sus empresas vinculadas para cubrir gastos personales, como el pago de honorarios legales. “Organizaban maniobras para que todos esos gastos fueran pagados por la empresa, lo cual constituye administración fraudulenta”, detalló.

La maniobra habría provocado un daño económico nominal de más de 800 millones de pesos, pero actualizado según el valor del salario mínimo vital y móvil —tal como prevé el Código Penal— el monto supera los 6 mil millones de pesos.

Estas extracciones de dinero, explicó Narvaja, se habrían realizado desde empresas del grupo Vicentin que no estaban bajo control de la sindicatura del concurso preventivo. En este sentido, señaló que las maniobras se reactivaron con fuerza desde agosto de 2024, justo cuando terminó la veeduría judicial sobre Vicentin SAIC.

Una asociación ilícita que mutó para consolidar el delito

Por su parte, el fiscal Miguel Moreno sostuvo que los nuevos hechos demuestran que la asociación ilícita investigada sigue operando. “Detectamos que las conductas imputadas en 2020 se prolongaron en el tiempo, lo que evidencia un modus operandi que ahora apunta no solo a obtener beneficios, sino también a garantizar la impunidad de sus integrantes”, advirtió.

Además, Moreno denunció que parte del dinero fue utilizado para financiar campañas de desinformación en redes sociales y medios nacionales, con el objetivo de desprestigiar la causa judicial. “Pagaron a periodistas de Buenos Aires que, a través de cuentas de Twitter, desinformaron cuestionando el accionar de la fiscalía”, indicó.

Prisión preventiva para cuatro exdirectivos y restricciones para los demás

De las 19 personas imputadas, solo cuatro fueron detenidas, acusadas de ser los jefes de la organización ilícita: Buyatti, Macua, Scarel y Gazze. El resto permanece en libertad, pero con medidas restrictivas: no pueden comunicarse con los detenidos, ni salir del país, y deben pagar fianzas y presentarse mensualmente ante la Justicia.

La prisión preventiva dictada por el juez Foppiani se extenderá por 120 días, aunque podría prorrogarse automáticamente si la fiscalía presenta la acusación formal antes de ese plazo.