Estafa con los planes sociales: todo listo para que los 17 acusados vayan a juicio

Durante los días que tomó el proceso, las partes realizaron convenciones probatorias (aspectos que no serán discutidos y que se tomarán por válidos) que permitirán agilizar el juicio. Además, tanto la fiscalía como las defensas de las personas acusadas presentaron testigos y pericias que respaldarán sus respectivas teorías del caso.

Junto a la asistente letrada Tanya Cid y al representante de la Fiscalía de Estado en el proceso, Gustavo Kohon, el fiscal Narvaez pidió que se tenga por incorporada la totalidad de la documentación secuestrada en la investigación.

Estafa con planes sociales: terminaron las audiencias de control de acusación, por parte del fiscal Manuel Narváez y la asistente letrada Tanya Cid.

Al inicio del control de acusación, el 11 de marzo, la jueza de garantías Carina Álvarez admitió las figuras penales de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjeta de débito sin autorización de su titular.

Estafa: se rechazó el planteo de las defensas

La magistrada coincidió en esa instancia con el fiscal jefe Pablo Vignaroli y con el fiscal del caso Narvaez, y rechazó los planteos de las defensas. “La fiscalía tiene un caso para ir a juicio”, sentenció Álvarez, y aceptó la acusación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores, (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal).

Resta ahora que la jueza se expida sobre los testigos, convenciones presentadas y sobre la habilitación de la etapa de juicio. Eso sucederá el miércoles próximo, según resolvió hoy, aunque el horario definitivo será fijado por la Oficina Judicial.

El período investigado va desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. La organización delictiva estaba integrada por funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y por particulares que colaboraban en la maniobra a cambio de un beneficio económico.

La asociación ilícita reflejó una estructura piramidal con jefes que impartían órdenes hacia los colaboradores, los reclutadores y finalmente, a quienes retiraban dinero mediante el cobro de cheques o la extracción de dinero con tarjetas de débito.

Cuáles son los niveles e la organización

En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.

• Colaboradores

Uno de los niveles investigados es el de los colaboradores. Irán a juicio Luis María Gallo, quien hasta enero de 2022 fue el director de Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, y Laura Carolina Reznick, que fue la sucesora en el cargo y continuadora de la maniobra. También surge la figura de Julieta Oviedo, directora de Tesorería del Ministerio, que tenía un rol crucial en la operativa. Era responsable de ejecutar las acreditaciones bancarias y librar los cheques de manera irregular.

En tanto Julio Norberto Arteaga, auditor de la Contaduría General, facilitaba que el esquema continuara mes a mes al omitir observar las irregularidades en los expedientes y emitir informes de control que daban apariencia de legalidad a las operaciones.

• Reclutadores

Isabel Natalia Montoya, está sindicada por cumplir este rol, gestionaba los datos de los supuestos beneficiarios y entregaba las tarjetas de débito y las claves PIN a los responsables de la extracción del dinero.

• Recaudadores

Aaron Escobar y Valeria Noemí Honorio son algunos de los principales implicados en esta parte de la maniobra, cobrando cheques que no les correspondían y retirando dinero con tarjetas de débito de beneficiarios ficticios. Escobar cobró un total de 61 cheques que sumaban 2.375.600 pesos, mientras que Honorio gestionó 43 cheques por 2.043.900 pesos.

También figura en este nivel Ariel Oscar Krom, quien cobraba cheques fraudulentos. Montos implicados: cobró 20 cheques que ascendían a 968.000 pesos. En tanto, Omar Ulises Rodríguez Quezada cobrador de cheques fraudulentos y extractor de dinero con tarjetas de débito ajenas. Montos implicados: participaba en la extracción de fondos con tarjetas de débito. Por último, está Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras como cobrador de cheques y dinero de tarjetas de débito sin autorización. Montos implicados: participaba en las extracciones de dinero fraudulentas.

• Beneficiados por la maniobra

Para la fiscalía, hay dos beneficiados por la maniobra que irán a juicio. Alfredo Andrés Cury, aceptó fondos del subsidio a pesar de no cumplir con los requisitos. Montos implicados: recibió parte de los fondos desviados. En segundo lugar, Fernando Cardozo Regidor, se benefició de los subsidios sin cumplir con los requisitos establecidos. Montos implicados: recibió fondos desviados.

Fiscalía de Estado quieren recuperar la plata de la estafa

El escándalo por la estafa con planes sociales en Neuquén sigue sumando capítulos. En la Justicia Penal se discuten acuerdos y penas, para que los imputados puedan zafar de la cárcel, pero desde la Fiscalía de Estado se presentó una acción procesal administrativa para recuperar el dinero del fraude.

La movida se presentó en la Oficina Procesal Administrativa N°1, bajo el expediente 20469/2024, con el objetivo de recuperar $153.377.900 más intereses y costas, de acuerdo a lo que pudo saber LMNeuquén de fuentes cercanas al fiscal de Estado, Raúl Gaitán.