Llegó a su fin a la cuestionada concesión de las rutas del Mercosur

 Tras más de tres décadas de concesión privada, el Gobierno oficializó el fin del contrato con Caminos del Río Uruguay. Los trabajadores quedaron fuera del esquema sin indemnización y sin ser absorbidos por el Estado.

   La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) asumió el control del Corredor Vial 18, un tramo estratégico que conecta el Litoral argentino con Uruguay y Brasil a través de las rutas nacionales 12, 14 y 174, conocidas como "Rutas del Mercosur". La medida, enmarcada en la creación de la nueva Red Federal de Concesiones, marca el fin de la concesión que desde hace más de 30 años estaba en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA).

   El traspaso, oficializado mediante la Resolución 565/2025, contempla una gestión transitoria por parte del Estado hasta que se adjudique una nueva licitación, prevista para agosto. Mientras tanto, Vialidad Nacional administrará el mantenimiento y la operación de las rutas, y ya se puso en marcha un plan de emergencia para garantizar condiciones mínimas de circulación: se levantaron las barreras de peaje en cinco estaciones (Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada) y se comenzó a trabajar en la reparación de los tramos más deteriorados.

Un conflicto laboral de alto impacto

    Sin embargo, la transición no estuvo exenta de tensión. La finalización del contrato desató un duro conflicto entre la empresa saliente y el Estado nacional. CRUSA denunció el despido de 500 trabajadores sin indemnización y advirtió sobre los riesgos de liberar el tránsito "sin cobertura efectiva que evite accidentes y garantice asistencia básica".

   En un comunicado, la concesionaria acusó al Gobierno de "abandonar la gestión de las rutas" y responsabilizó al Estado por una "larga historia de incumplimientos" que, según afirman, impidió realizar obras, pagar salarios y mantener al día sus compromisos fiscales.

   Desde Vialidad Nacional respondieron con firmeza: aseguraron que la empresa conocía desde 2014 la fecha de finalización del contrato, que había recibido múltiples prórrogas judiciales y que acumulaba incumplimientos contractuales por más de $60.000 millones. Además, aclararon que los trabajadores despedidos "no tienen vínculo laboral con el Estado", dado que se trataba de una concesión "por cuenta y riesgo de la empresa".

Tensión en el peaje del Puente Rosario-Victoria

   El conflicto escaló en el peaje del Puente Rosario – Victoria, donde empleados de CRUSA realizaron una permanencia pacífica durante la noche del martes, acompañados por una escribana. A la medianoche, Vialidad Nacional tomó posesión del lugar con apoyo de Gendarmería, que este miércoles aún custodiaba las instalaciones.

   "Nos presentamos porque no tuvimos ninguna notificación formal de cese laboral", explicó Cristian Pallé, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa). Pallé también advirtió que más allá de la eliminación del peaje, se perdió un servicio esencial: "Esto no es solo cobrar un peaje. Es la seguridad vial que garantizan los trabajadores, el mantenimiento y la asistencia a los usuarios".

Un corredor clave para el comercio exterior

   El Corredor Vial 18 recorre cuatro provincias y es una de las principales vías de exportación hacia los puertos de Uruguay y Brasil. Su mantenimiento es fundamental para el transporte de carga y el movimiento turístico en el noreste argentino.

   Con la concesión concluida y el conflicto laboral sin resolución, el futuro inmediato del corredor se debate entre la transición estatal y la incertidumbre que viven cientos de familias trabajadoras, mientras se aguarda la llegada de una nueva concesionaria privada.