El costo lo paga la “casta trabajadora”

Después del sinsentido que señaló el presidente Javier Milei durante su discurso en el Latam Economic Forum, al decirles a los empresarios allí presentes: “Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para comprar otros bienes. No sé si se dieron cuenta, pero así se destruye la teoría de la explotación. Solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios”, sin considerar ni en un momento la verdadera inequidad que existe en ese intercambio.

Tras cartón, luego del dislate y casi sin tomar aire, publicó en el boletín oficial el decreto 340/25 que amplía las actividades incluidas en la figura de “servicio esencial” y no permite huelgas que interrumpan más de un 25% de las tareas que realizan, lo que debilita los reclamos laborales.

En esos servicios esenciales el decreto incluye tareas tan diversas como los servicios de salud, la comercialización de agua y combustibles, el servicio de internet, la aviación comercial, la actividad portuaria, los servicios de aduanas o la educación.      

Vale aclarar que la legislación argentina considera esencial solo los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población y si bien hace más de 20 años que está regulada la huelga en los servicios esenciales, no hay antecedentes de medidas que por el alto acatamiento hayan supuesto riesgos para las personas.

La enorme extensión de actividades que son amparadas por el nuevo decreto avanza sobre los derechos de prácticamente todas las personas con actividad laboral del país, violando derechos reconocidos por la Constitución.

En realidad, fue el segundo intento de ir contra los trabajadores, ya que el PEN había presentado algo similar a poco de llegar al poder, pero un fallo de agosto de 2024 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó por inconstitucional.

De esta manera, el presidente termina ubicando a los empleados en la categoría de “casta” teniendo en cuenta que dicho término según el propio Milei, hacía referencia a “a los inmorales”, que le hacen “daño a la gente” y que para “proteger” sus propios privilegios argumentan que no se puede hacer otra cosa.

El decreto entonces se suma a la serie de dislates y contrasentidos gubernamentales, que no hacen más que atacar al eslabón más vulnerable del país, sin considerar en primera instancia que esa “fuerza” que prodigan los trabajadores es la verdadera herramienta económica para el crecimiento de la nación.

Lamentablemente, en lugar de promover políticas que lleven adelante acciones que protejan a los argentinos contra el trabajo informal y los abusos en la materia, con el fin incluso de mejorar los niveles de contraprestación jubilatoria; lo cual ninguno de los gobiernos en medio siglo logró estabilizar; aprovecha la vulnerabilidad del eslabón más débil para llevarlo a niveles de explotación inimaginables, sin observar que tales políticas, más tarde o más temprano, lo terminarán condenando.

(*) fersomozaok @gmail.com