Por irregularidades con droga secuestrada, se condenó a siete policías y el fiscal va a juicio

Los tres están sospechados por encubrir y no investigar el faltante de droga secuestrada, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana. 

Mientras ese expediente registró un notorio avance, el viernes pasado siete policías dependientes de Oyola, confesaron haber entregado droga a dateros –fuera de las figuras previstas por ley– para generar procedimientos, inflar estadísticas, ascender en sus cargos y mejorar su imagen y situación laboral. 

Se realizó un juicio abreviado inicial, presidido por el juez Romero y con la participación de todos los acusados, sus defensores y el fiscal que instruyó la causa, Juan Pablo Klinger.

Lo grave es que la evidente omisión del fiscal Ramírez de no investigar apenas detectó inconsistencias en los estupefacientes incautados –según las pruebas analizadas por el juez–, permitió la continuidad de la actuación de los efectivos sentenciados. Todos recibieron penas efectivas de tres años de prisión y continuarán detenidos, a pesar de que sus abogados pidieron el otorgamiento de la libertad porque llevan más de ocho meses encarcelados. Deberán esperar un tiempo para recuperarla. 

El caso en sí es un escándalo, pero no tiene impacto político. Hasta ahora nadie pidió un jury al fiscal Ramírez, quien continúa en función, alternando períodos de licencia. Una vez que quede firme la acusación para colocarlo ante un tribunal integrado con jurados por ser funcionario público, recién ahí la Justicia formalizará la solicitud para despojarlo de fueros ante la sospecha de comisión de delito. Mientras tanto, la defensa puede apelar la decisión jurisdiccional. Él seguirá ganando tiempo para completar la antigüedad que necesita para acceder a la jubilación de privilegio. 

En el mismo expediente fueron acusados el secretario de la Fiscalía, Patricio Domingo Bazán, y el exjefe de la FPA en Cruz del Eje, Mauricio Leandro Oyola.

Se les endilga los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión, encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos y abuso de autoridad, en concurso ideal. Y Oyola, además, por violación de prueba a título culposo.

En su resolución, el juez Romero sostuvo que es incomprensible la conducta del fiscal por su trayectoria. Fue policía durante 30 años, alcanzó el rango de comisario general y dirigió la división de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de Córdoba hasta 2005. Luego fue secretario de Política de Seguridad provincial, secretario coordinador del Comité de Coordinación de Lucha contra el Narcotráfico en representación del Poder Ejecutivo.

“Realmente no se advierte ninguna explicación plausible que justifique la omisión disvaliosa del imputado y la determinación de mantener el silencio sobre lo ocurrido en la ciudad de Cruz del Eje en el año 2023”, enfatizó el magistrado.

Qué pasó en Cruz del Eje

A fines de agosto del 2023, el jefe de la Brigada de Cruz del Eje de la FPA, Mauricio Oyola, descubrió que faltaban sobres con secuestros de marihuana y cocaína. Parte de la droga había sido incautada en la cárcel de esa ciudad. Lo comunicó al secretario de la Fiscalía, Patricio Bazán y este habló con el fiscal Ramírez. Lo acreditan conversaciones y mensajes detectados en los teléfonos celulares, según la investigación jurisdiccional. 

La instrucción que habría dado es que no comentaran el tema y que “"tratarían de solucionarlo ellos".

En su declaración indagatoria, Ramírez sostuvo que él se enteró de todo recién en enero del 2024 cuando se abrió el expediente que lo tiene como imputado, versión que no convenció al juez Romero. 

Las condenas confirman el pésimo manejo de la Brigada

El viernes pasado en la denominada “Sala Blas Correas” de Tribunales II se realizó la audiencia del juicio abreviado inicial donde siete policías de la FPA de Cruz del Eje y Punilla, confesaron haber acopiado parte de la droga que secuestraban en operativos y haberla usado como “pago” o retribución a los informantes, según el caso. En la misma instancia, tres civiles también reconocieron su participación como dateros de los agentes de la fuerza especial.

En total, nueve fueron condenados por ser miembros de una asociación ilícita. De ellos, seis eran integrantes de la FPA y tres son civiles (dateros). Recibieron una pena de tres años de prisión efectiva y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos. 

El único que fue sentenciado a una pena superior, de tres años y seis meses de prisión, es el exdetective Principal, Néstor Javier Márquez, por su participación como jefe de la banda integrada por los hermanos Sergio (“Soharcito”) y Eduardo Ruiz; Luis Rubén Benavídez; Diego Omar Bertino, Isidro David Rivero y Raúl Eduardo Moreno.

Todos enunciaron la misma fórmula que consiste en reconocer su participación en los hechos y pedir disculpas; Márquez enfatizó: “Todo lo que pasó me hizo reflexionar”, tras lo cual pidió perdón a la FPA y a la sociedad “por mi error”.

Los abogados defensores solicitaron la recuperación de libertad teniendo en cuenta que llevan más de ocho meses detenidos –desde octubre del año pasado–, que dieron muestras de su arrepentimiento y que la prisión no garantiza la necesaria reinserción social. El juez no concedió las solicitudes. Deberán esperar un tiempo más.