Red de estafas millonarias: investigan 240 quiebras truchas y hay 8 abogados en la mira

Una maniobra sistemática y presuntamente fraudulenta golpeó a la financiera Rapicuotas, que denunció ante la Justicia una posible estafa por más de $40 millones. Ocho abogados y al menos 240 personas están bajo la lupa por pedir préstamos personales y luego declararse en quiebra para no devolver el dinero.

La denuncia fue presentada por la empresa Finanpro S.R.L., que opera bajo el nombre Rapicuotas desde 2023 y otorga pequeños créditos a trabajadores formales. La firma tiene su local en la calle Las Heras al 400 y asegura que operó con normalidad hasta que en 2024 detectó una serie de maniobras irregulares que encendieron todas las alarmas.

Según el escrito judicial, en pocos meses un gran número de personas solicitó préstamos -algunos de hasta $2 o $3 millones-, presentó toda la documentación requerida y, apenas obtenido el dinero, dejó de pagar las cuotas. A continuación, esas mismas personas se presentaron ante la Justicia solicitando concursos preventivos o directamente la quiebra personal, lo que impidió a Rapicuotas recuperar los fondos prestados.

Un patrón que se repite

Lo que alertó a la financiera es que muchos de estos casos estaban patrocinados por los mismos estudios de abogados y que los clientes habían replicado la misma conducta con otras entidades financieras. Esto llevó a la empresa a concluir que no se trataba de una casualidad ni de simples casos de morosidad, sino de una maniobra delictiva organizada.

El abogado Gustavo Gazali, representante legal de Finanpro, planteó ante la Fiscalía de Delitos Económicos que las personas involucradas gestionaron los créditos sabiendo que no iban a pagar. “Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, señala la denuncia.

Desde la empresa denunciante sostienen que la maniobra no solo es grave por el monto involucrado, más de $40 millones, sino porque pone en jaque el funcionamiento del sistema de créditos personales. “Supera la morosidad habitual y constituye una estafa deliberadamente organizada con dolo”, enfatiza el escrito.

Qué investiga la fiscalía

La causa quedó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, especializada en Delitos Económicos, y fue caratulada como estafa genérica. Entre los primeros pasos, la Justicia ordenó el secuestro de los expedientes judiciales de concursos y quiebras relacionados con los clientes denunciados, para evaluar si efectivamente se trató de presentaciones fraudulentas.

Por ahora, se investiga a ocho abogados y 240 solicitantes de crédito, pero no se descarta que el número de implicados pueda ampliarse si se detectan maniobras similares en otras entidades.

Desde Rapicuotas aseguran que continuarán aportando documentación y pruebas para demostrar el patrón de fraude y piden que se avance con la imputación penal de los responsables.