La jueza busca la forma de prolongar la detención de Alesia con una caución imposible de pagar

Aunque la Cámara Federal de San Martín le había ordenado excarcelarla por no advertir peligro de fuga o de  entorpecimiento de la investigación, la magistrada decidió redoblar la saña y ponerle obstáculos como para prolongar su detención domiciliaria, obtenida (después de nueve días en una cárcel común) debido a una grave enfermedad autoinmune que padece. Además del monto impagable, le prohibió salir del país, dispuso que se tiene que presentar en el juzgado una vez a la semana y le impuso una prohibición de acercamiento a menos de 500 metros respecto del diputado José Luis Espert, su esposa, sus hijos y el domicilio donde viven, que es donde se hizo el escrache por el que empujan la causa judicial. 

"Imposible cumplimiento"

"No se encuentra ni mínimamente fundado el exorbitante monto fijado como caución para conceder la excarcelación. El monto supera el equivalente a 94 salarios mínimos vitales y móviles al día de la fecha, lo que lo hace de muy dificultoso cumplimiento", plantearon los defensores de Alesia, Daniel Llermanos y Adrián Albor, al apelar la resolución de Arroyo Salgado. Para juntar ese dinero, cash, como pretende la jueza, dicen los defensores, tendrían que hacer una colecta entre familiares, amigos y conocidos quienes, por el rumbo que adquirió el trámite del expediente, seguramente verían sus fondos inmovilizados durante mucho tiempo. 

La apelación advierte que imponer una caución "imposible" de cumplir es "una burla a la decisión" de la Cámara de Apelaciones, el tribunal superior que le indicó a Arroyo Salgado excarcelar a la joven, por considerar que no había dado ninguna razón concreta que indicara que podría obstaculizar la causa de algún modo, sino puras conjeturas. A pesar del señalamiento de los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, la jueza insistió con su teoría para justificar el monto de la caución: dijo que es "a los fines de asegurar la sujeción a proceso de la imputada, como así también evitar la ejecución de conductas que puedan entorpecer la investigación". Los abogados, además, se ofrecieron como fiadores o garantes de la fianza, pero la respuesta de Arroyo Salgado fue desconcertante: dijo que eso quedaba supeditado al pago en cuestión. 

La Cámara le había dicho que se podía fijar una caución razonable, pero es obvio que una del valor de la establecida está destinada a ser cuestionada y que Alesia siga detenida en su casa, con la tobillera electrónica puesta, hasta que esto sea revisado por los camaristas. Todo parte de la misma maquinaria de humillación en un caso insólito donde, como han dicho numerosos penalistas, lo que podría ser como mucho una contravención municipal fue transformado en tres delitos para generar una persecución: pertenecer a una organización que pretende "imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", amenazas coactivas e incitación al odio contra una persona por sus ideas políticas. Como es conocido ya, en un comienzo fueron cinco en total las personas detenidas, todas militantes peronistas, por tirar bosta en la vereda del diputado Espert, poner un pasacalle que lo describe como "mierda" y tirar panfletos que en los mismos términos con la frases "con Cristina no se jode". 

Según Llermanos y Albor, "una caución real razonable debería rondar el valor de medio salario de Alesia, denunciado en su indagatoria (que no llega a 2 millones de pesos)...". Le señalan al juzgado otro  "pasaje pour la galerie", que es el que fija la prohibición de acercamiento "a la pareja de Espert y a los hijos de ésta... como si se trataran de víctimas de los supuestos hechos" pero, además, razonan que es algo impracticable porque Abaigar solo conoce la cara de Espert por haberlo visto en los medios pero no la del resto de los integrantes de su familia de los que "se le ordenó permanecer alejada". En todo caso, marcan, deberían ser ellos que le avisen si se le van a acercar. 

Con todo esto, más la obligación de ir una vez por semana al tribunal "la medida aparece más enderezada a afectar la dignidad de Alesia que a conjurar cualquier supuesto riesgo procesal". 

Situación de Eva Mieri

Eva Mieri, concejala de Quilmes --presidenta del bloque del Partido Justicialista-- es la única que queda privada de su libertad, aunque el juzgado deja entrever en sus decisiones que busca a más personas. Su pedido de excarcelación de Mieri ya llegó al a Cámara de San Martín y será estudiado en las próximas horas. A los tres delitos  que estructuran la causa, en el caso de ella la jueza agregó malversación de caudales, porque sostiene que utilizó para el escrache un vehículo que había sido cedido a la cedido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Quilmes, donde Mieri se desempeñaba con anterioridad, y que siguió utilizando en el Concejo Deliberante. Para dejarla privada de la libertad, la acusa de haber eliminado contenido de su teléfono celular. Su defensa, a cargo de Bienvenido Rodríguez Basalo --presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y de la Provincia de Buenos Aires-- sostiene que eso no es una obstaculización de la causa. 

Carta de los organismos 

Un grupo de organismos de Derechos Humanos envió a la jueza Arroyo Salgado una carta donde le expresan su "preocupación" respecto de la situación de todos los implicados en la causa impulsada por Espert y apoyada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de reclamar la libertad de Mieri. "Las medidas desplegadas por usted expresan una manifiesta desproporción, incompatible con el adecuado apego a las garantías del proceso penal. A su vez, la causa tiene serias irregularidades que atentan contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que ponen a nuestro país en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos", le dijeron. 

"Todas las personas que fueron detenidas son militantes políticos y los hechos por los cuales son investigados carecen de gravedad, dada su escasa lesividad y que, en caso de acreditarse la autoría, solo representarían eventualmente apenas una contravención", dice el texto respecto de la situación de Alexia, Eva, Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes Cató. Le señalaron que las detenciones pueden configurar una suerte de "pena anticipada".  "Es imprescindible ponderar el contexto político de las detenciones, que han sido utilizadas públicamente como acciones de gobierno contra la 'delincuencia' por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y representantes de la fuerza política oficial". "Si la administración de justicia --alertan-- no retoma los criterios de legalidad, proporcionalidad e imparcialidad y sigue dando continuidad a las prácticas denunciadas, se profundizará el ya enorme daño producido al orden constitucional y se pone al Estado argentino en riesgo de incurrir en responsabilidad internacional".

La carta lleva la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, APDH La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, MEDH y Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz.