
El número se actualizó desde la base de $85.000 millones, fijada en diciembre de 2022. Pero claro, en un país donde los precios cambian más rápido que las alianzas en el Senado, era cuestión de tiempo. Al cambio oficial del viernes, son unos 537 millones de dólares, aunque en tribunales nadie se atreve a decir cómo, cuándo ni de dónde saldría ese dinero.
El informe, pedido por el juez Jorge Gorini, también servirá para ajustar embargos sobre las propiedades y sociedades de los condenados. En el caso de Cristina Kirchner, incluye fondos en cuentas, cajas de seguridad, los inmuebles que cedió a sus hijos Máximo y Florencia, y las acciones de Los Sauces SA y Hotesur SA, dos firmas familiares que la Justicia persigue hace años, con causas que avanzan y retroceden.
La causa, que analizó 51 licitaciones viales en Santa Cruz, fue calificada como “corrupción sin precedentes”. Sin embargo, a esta altura, su verdadero saldo parece ser político: un expediente de lectura parcial que desde hace casi una década sirve más como bandera electoral que como respuesta judicial.