
Luego de que el Gobierno apelara el fallo que lo obliga a entregar el 51 % de las acciones de la petrolera YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska citó de urgencia a todas las partes involucradas. La disputa, que tiene como telón de fondo la expropiación de YPF en 2012, reaviva tensiones sobre la soberanía y el alcance de las decisiones judiciales extranjeras.
La causa ya cuenta con un fallo en primera instancia que exige al país pagar unos 16.100 millones de dólares. La reciente apelación por parte del Estado argentino advierte que no es legalmente posible transferir las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso. Aun así, Preska convocó a una audiencia el próximo 15 de julio, para avanzar con el proceso.
YPF: la jueza estadounidense Loretta Preska citó de urgencia a todas las partes. Fuente: (X)
En el centro de la disputa, los fondos buscan demostrar que YPF y el Estado argentino son una sola entidad. Apoyados en la maniobra conocida como “alter ego”, intentan acceder a datos personales de funcionarios actuales y pasados para probar injerencia política directa sobre la compañía. Esta estrategia busca habilitar embargos más amplios sobre otros organismos públicos como el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA o ARSAT.
La maniobra judicial también se da en medio de fuertes cruces políticos. Desde la Casa Rosada apuntan contra Axel Kicillof, entonces ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández, como principal responsable del conflicto legal que arrastra la expropiación de YPF. Por su parte, el gobernador bonaerense denunció supuestos vínculos entre el actual Gobierno y el fondo Burford, el actor que lidera el litigio en los tribunales norteamericanos.
El especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, expresó: “Cuando Milei asumió como Presidente, Alberto Fernández había apelado el fallo de Preska de los USD 16.000 millones. La jueza le ofreció al nuevo Gobierno poner una garantía para poder apelar y no arriesgar embargos. Milei, por motivos obvios, porque estaba recién asumido, decide no poner garantía por lo que empezaron los embargos. Dos embargos fueron pedidos. Uno, las acciones de YPF, que es el fallo que salió la semana pasada y apelaron hoy (jueves). El segundo embargo es la declaración de alter ego de esas entidades para embargar los activos de esas entidades”.
El fallo original incluso llegó a sugerir cambios en la Constitución Nacional para cumplir con la sentencia, lo que generó un fuerte rechazo desde diferentes sectores políticos. La defensa argentina sostiene que, más allá del litigio por YPF, lo que está en juego es la capacidad del país de tomar decisiones soberanas sin la amenaza constante de los llamados “fondos buitre”.
La maniobra judicial también se da en medio de fuertes cruces políticos. Desde la Casa Rosada apuntan contra Axel Kicillof, entonces ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández, como principal responsable del conflicto legal que arrastra la expropiación de YPF. Por su parte, el gobernador bonaerense denunció supuestos vínculos entre el actual Gobierno y el fondo Burford, el actor que lidera el litigio en los tribunales norteamericanos.