La láctea La Suipachense atraviesa una crisis total sin rumbo definido. En Suipacha, los rumores se multiplican: algunos hablan de paralización total y otros de una actividad mínima sostenida por los propios empleados, luego de la salida sin aviso de los dueños, la firma venezolana Maralac (controlada por los empresarios Manuel y Carlos Fernández ). La compañía, con 140 trabajadores, acumula en los últimos meses 300 cheques rechazados por más de $2.765 millones, según datos del BCRA, un reflejo del ahogo financiero que la golpea.
Desde ATILRA explicaron a Ámbito que la empresa “está muy atrasada con los salarios y tiene serios problemas” y que, frente a la falta de pago, los trabajadores tienen derecho a no trabajar. La falta de liquidez derivó en que proveedores dejaran de entregar insumos, lo que provocó una fuerte pérdida de materia prima y un freno en la producción.
El deterioro se refleja en la operatoria diaria. De procesar cerca de 250.000 litros de leche en sus mejores momentos, la planta pasó a unos 180.000 litros a principios de julio y, en las últimas semanas, apenas rondaba los 40.000 litros. El abastecimiento estaba reducido a pocos productores, que priorizan entregar a clientes con pagos al día.
Las cuentas, sin embargo, no cierran. Para funcionar con normalidad, la planta necesitaría $3.000 millones mensuales, pero la recaudación no superaría los $500 millones. Este desfasaje deja a la empresa frente a un dilema: o paga salarios o paga a productores. El riesgo de corte de luz o gas por deudas con las prestatarias se suma como amenaza inminente. En la localidad, donde la usina láctea es un motor económico clave, la tensión crece ante la posibilidad de un cierre definitivo.
La crisis no es un hecho aislado. Los dueños de La Suipachense son también los gerenciadores de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), la empresa que produce postres y yogures SanCor y que pertenece al Grupo Vicentin. En este caso, la situación es igualmente crítica: las plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) están paralizadas desde mayo, en medio de un concurso preventivo iniciado en marzo de 2024 y con un pasivo superior a los $49.700 millones, más otros $67.300 millones en garantías.
El gremio ATILRA denunció judicialmente a la firma por vaciamiento y defraudación y señaló que hubo operaciones de facturación alternada entre ARSA y La Suipachense para ocultar ingresos y eludir obligaciones laborales. La Justicia dictó una cautelar para impedir el traslado o desguace de maquinaria. Lo cierto, es que a más de un año del inicio del concurso, no hay avances y en el sector se habla abiertamente de quiebra o de un eventual cramdown.
Con Maralac ausente y la producción en mínimos, la continuidad depende de mantener abierta la planta el tiempo suficiente para encontrar un inversor con capital inmediato o el regreso de sus gerenciadores. La administración provisoria de los trabajadores apunta a garantizar un ingreso mínimo y evitar la paralización total, pero el margen temporal es muy reducido.
Para Suipacha, el cierre sería un golpe profundo: pérdida masiva de empleos y más presión sobre comercios y proveedores. En un sector lácteo que ya convive con consumo retraído, costos elevados y financiamiento restringido, el caso de La Suipachense suma un nuevo alerta. Sin inyección de fondos, materia prima asegurada y un plan de pagos claro, el futuro de la planta parece condenado a una cuenta regresiva.
