
La causa que investiga a una constructora de la ciudad de Santa Fe, que en agosto pasado fue allanada en sus oficinas de bulevar Gálvez por presuntas estafas a un grupo de inversores, sumó en las últimas semanas nuevos avances en la investigación.
Se trata de una pericia contable que fue ordenada por la fiscal Bárbara Ilera (del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación) y la cual apunta a establecer primero si hubo fraude, tal como sostiene la denuncia, y si así lo fuera, de cuánto fue el desfalco.
La pericia quedó a cargo del perito contador de la Corte Suprema de Justicia, Germán Pérez, quien años atrás tuvo a su cargo también el peritaje de las cuentas de Colón, en el marco de la causa que investigó a Germán Lerche, actualmente condenado por administración fraudulenta del club.
El caso salió a la luz el pasado 8 de agosto, luego de que agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron la sede de la firma, en bulevar Gálvez al 1400, en busca de documental, y la casa de una de las propietarias, ubicada en la zona de la costanera.
La causa contra la constructora comenzó a partir de una denuncia penal impulsada por un grupo de inversores inmobiliarios que acusaron a la firma de haber incumplido con la entrega de departamentos.
Según trascendió, los denunciantes sostuvieron ante Fiscalía que la constructora habría puesto a la venta departamentos que ya estaban comprometidos contractualmente a otros beneficiarios.
Otros denunciaron que tres obras que la firma arrancó quedaron inconclusas y otras dos ni siquiera comenzaron. Uno de los casos más emblemáticos es el de un edificio de 20 pisos, cuya finalización estaba prevista para el 2020. Sin embargo, a cinco años de esa fecha, se encuentra sin obrador ni personal.
La demanda pidió a la Fiscalía además que investigue si existió un posible vaciamiento del fideicomiso, a través de retiros de materiales de construcción en alguno de los proyectos inmobiliarios.
La denuncia fue admitida por la fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, que tras analizar el caso dispuso allanar la sede de la empresa y secuestrar elementos que pudieran estar vinculados a la causa: celulares, computadoras y documentos.
A su vez, requirió al Colegio de Jueces Penales inspeccionar el domicilio de una de las propietarias de la empresa y evaluar si tenía documental relevante para la investigación judicial, que hasta el momento tiene más de 20 damnificados.