
Sólo en julio, Ethical facturó 199 casos complejos, pero la auditoría interna de PAMI reveló que la mayoría de esos pacientes no recibía la atención intensiva que correspondía ni requería la cobertura compleja. Cada prestación tiene un costo mensual cercano a 450 mil pesos por persona, lo que generó un perjuicio estimado superior a 500 millones de pesos para la delegación local.
Para comprobarlo, la auditoría contactó uno por uno a los afiliados, confirmando que la atención brindada no coincidía con la facturación declarada, evidenciando una posible sobrefacturación millonaria en el centro de rehabilitación de Río Cuarto.
El punto de partida de la investigación fue una denuncia de una afiliada que reclamaba la atención de su padre, un paciente que había sufrido un ACV. Aunque Pami estaba pagando por un servicio integral de rehabilitación, con fisioterapia, psicología, enfermería y nutrición, cinco días a la semana, el paciente solo era atendido dos veces por semana durante dos horas.
A partir de ese episodio, el área de Auditoría del Pami detectó que Ethical habría subcontratado servicios médicos en otras localidades como Berrotarán, Gigena, Sampacho y Laboulaye, sin la autorización correspondiente de la obra social. En esos lugares, los investigadores encontraron consultorios precarios y sin equipamiento adecuado para tratar casos neurológicos o traumatológicos graves.
Según la investigación de Otro Punto, las irregularidades se habrían multiplicado luego de una disposición interna del Pami emitida en julio de 2024, que permitió a los prestadores cargar las prácticas de rehabilitación sin necesidad de autorización previa. A partir de ese cambio, los profesionales pasaron a validar sus propios servicios, lo que abrió la puerta a un esquema de sobrefacturación que habría sido sistemático.
El código más cuestionado es el 140010, reservado para casos excepcionales de pacientes con ACV o politraumatismos severos. “Son casos muy excepcionales, según las estadísticas, se registran no más de tres al año”, confiaron al medio. Sin embargo, el número de atenciones declaradas con ese código aumentó drásticamente desde agosto de 2024, llegando a niveles que los auditores calificaron como inverosímiles.
Los primeros indicios de posible sobrefacturación en Ethical llevaron a la delegación local de PAMI a solicitar una auditoría interna para verificar las irregularidades. Sin embargo, este pedido, que requiere la autorización de la conducción de la obra social, no fue atendido de inmediato. La primera persona en recibir la solicitud, el titular de la UGL de ese momento, Ricardo Scattolini, no dio curso a la investigación. Posteriormente, su reemplazo, Santiago Pinasco, tampoco avanzó. Según fuentes internas, esta inacción se debió en gran parte a la confianza depositada en el jefe del área médica, Víctor Genesio, quien mostraba poco interés en que se realizara la auditoría.
Genesio, recordado por denuncias en tribunales provinciales por acoso laboral y abuso sexual contra tres empleadas, estaba directamente vinculado al conflicto, ya que algunas de esas trabajadoras eran quienes habían impulsado la revisión de las prestaciones.
La situación se agravó cuando circularon correos electrónicos anónimos, dirigidos a la delegación, PAMI Central, la municipalidad y Presidencia de la Nación, acusando a las tres trabajadoras de supuestos actos de corrupción. Lejos de amedrentarlas, las empleadas se presentaron voluntariamente ante la Justicia Federal de Río Cuarto, aportando información decisiva que hoy constituye gran parte de las pruebas que maneja el fiscal Rodolfo Cabanillas en la investigación sobre la delegación local y el hospital de día Ethical, único centro de rehabilitación de alta complejidad en el sur de Córdoba.
“Los empleados que fueron ensuciados por correos anónimos resultaron ser quienes aportaron las pruebas más importantes”, contó Fara para LV16.