Una respuesta acerca de por qué nos va mal, si supuestamente todo está tan bien

El aumento sostenido del uso de la tarjeta de crédito como herramienta para llegar a fin de mes está generando un efecto colateral cada vez más visible. Hoy, más del 50% de los usuarios activos paga únicamente el monto mínimo que exige el banco. Si bien esta opción permite ganar algo de aire en el corto plazo, en el mediano y largo plazo deriva en una acumulación de intereses que resulta difícil de revertir.

En julio de 2025, el total de personas endeudadas con tarjetas de crédito en el país alcanzó las 11.542.592, una cifra que representa casi el 25% de la población.

Por su parte, la morosidad en los préstamos bancarios otorgados a personas físicas llegó al 10,1% de la cartera, el nivel más alto de la última década. Este aumento de los créditos impagos refleja una tensión financiera creciente que atraviesa a familias y consumidores en todo el país, considerando aquellas operaciones con atrasos superiores a los 30 días.

En este contexto, crece la cantidad de personas que ingresan al Veraz por incumplimientos crediticios, mientras otras —que ya figuran desde hace años— esperan que sus deudas prescriban para intentar limpiar su historial financiero. Esta dinámica explica por qué muchas personas, aun sin haber dejado de pagar por completo, terminan sobreendeudadas y con serias dificultades para cumplir con sus obligaciones.

El endeudamiento total por el uso de tarjetas de crédito en la Argentina creció un 55% real —es decir, descontando la inflación— en el último año, entre julio de 2024 y julio de 2025, según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Cruz son los distritos donde se registran los mayores niveles de deuda con tarjetas de crédito en relación con la cantidad de habitantes. En promedio, cada habitante de la Ciudad de Buenos Aires mantiene una deuda de $1.257.000; en Santa Cruz, el promedio asciende a $748.000; y en La Pampa alcanza los $580.000 por persona.

Dicho esto, resulta inevitable preguntarse cuál es la falla —si intelectual, perceptiva o informativa— que nos impide ver el supuesto “despegue” de la economía argentina que proclaman el Gobierno nacional, algunos economistas y ciertos colegas periodistas de credibilidad, al menos, discutible.

Si a la creciente morosidad se le suman los cierres de comercios e industrias, con el consecuente efecto de despidos y pérdida de empleo, el panorama se vuelve claramente desolador. Quedaron atrás las promesas, largamente demoradas, del “crecimiento en V” o de la recuperación casi automática (“pedo de buzo”), mientras continúan los recortes y, en paralelo, los aumentos de tarifas, alquileres, expensas y otros gastos que deben afrontarse exclusivamente con un bolsillo cada vez más flaco.

Quienes intentamos leer más allá de los títulos o bucear en las entrelíneas informativas atravesamos una sensación de desconcierto. Mientras los mensajes oficialistas insisten en que todo marcha bien, muchos ciudadanos —que genuinamente desean que así sea— no logran percibir esa mejora en su vida cotidiana.

¿Por qué ocurre este desacople?

Una posible explicación es la siguiente: mientras el oficialismo insiste en que la economía argentina “se recupera a pasos agigantados”, una parte sustancial de la sociedad transita una realidad muy distinta. No se trata de percepciones ni de estados de ánimo. Los datos son claros: crece la morosidad en niveles récord, se multiplican las dificultades para afrontar deudas básicas, cierran empresas y se pierden puestos de trabajo. La distancia entre el discurso y la vida cotidiana resulta cada vez más evidente.

La explicación no radica en una exageración social ni en una subestimación del esfuerzo del Gobierno, sino en qué economía se está midiendo. La recuperación que se exhibe desde el poder se apoya en indicadores macroeconómicos y financieros: desaceleración de la inflación respecto de meses críticos, ordenamiento fiscal, alivio en las cuentas del Banco Central o señales positivas para los mercados. Son variables relevantes, pero claramente insuficientes para describir la situación del entramado productivo y de los hogares.

En la economía real —la que se expresa en el consumo, el empleo y la capacidad de pago— el escenario es otro. El aumento de la morosidad no responde a un exceso de gasto, sino a un endeudamiento defensivo: familias que recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. La caída del consumo, incluso en bienes esenciales, y el cierre de pymes y comercios reflejan una recesión que golpea con fuerza al interior del país y a los sectores que generan trabajo.

Este desacople no es casual. Forma parte de una estrategia que prioriza el ordenamiento de las cuentas públicas y la señalización hacia los acreedores, bajo la premisa de que el bienestar llegará en una etapa posterior. El problema es que ese “después” carece de plazos concretos, mientras el costo social se acumula: empresas que no reabren, empleos que no se recuperan y un tejido económico que se deteriora.

A esto se suma el efecto del rebote estadístico. Tras una caída profunda, cualquier mejora marginal permite mostrar porcentajes alentadores, aun cuando la actividad, el consumo y el empleo continúen por debajo de niveles previos. Es una recuperación que se verifica en los gráficos, pero que todavía no llega a los bolsillos.

La discusión de fondo, entonces, no es si la economía mejora o empeora, sino para quién mejora y a qué costo. Mientras los indicadores macro muestran señales de orden, una parte creciente de la sociedad enfrenta un ajuste que se traduce en más deuda, pérdida de ingresos y creciente incertidumbre. Esa es la contradicción que hoy atraviesa a la Argentina y que ningún slogan logra disimular.

(*) fersomozaok@gmail.com