Un juez reclamó la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad

El juez federal, Sebastián Ramos, pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por delitos de lesa humanidad. El líder chavista se encuentra detenido en Estados Unidos, donde está acusado de narcoterrorismo.

A principios de año el fiscal federal Carlos Stornelli, pidió el inicio de los trámites de extradición de Maduro para que declare en la Argentina. La decisión de Stornelli, según el documento al que tuvo acceso TN, responde a una presentación realizada por los abogados del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en una causa abierta por delitos de lesa humanidad contra Maduro en nuestro país.

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Stornelli planteó en su escrito que, al estar Maduro bajo arresto en suelo estadounidense, se abre una vía fáctica para hacer efectiva la orden de captura internacional que la Justicia argentina ya había emitido en septiembre de 2024. Bajo esa premisa pidió que se active “el procedimiento de extradición activa respecto de Nicolás Maduro Moros, a los fines de que sea sometido al presente proceso”.

La resolución pide la detención y declaración indagatoria del líder chavista y libra un “exhorto internacional” a Estados Unidos para solicitar la extradición de Maduro, “quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país, firmado en Buenos Aires el 10 de junio de 1997, a los fines de someter a proceso al nombrado y cumplir con lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.

El artículo mencionado determina: “Cuando hubiere motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla; si estuviere detenida, inmediatamente, o a más tardar en el término de veinticuatro (24) horas desde su detención. Este término podrá prorrogarse por otro tanto cuando el magistrado no hubiere podido recibir la declaración, o cuando lo pidiere el imputado para designar defensor”.

En 2024 la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de la investigación y le pidió al juez Ramos activar las alertas rojas de Interpol. En cumplimiento, el magistrado reenvió las circulares al organismo internacional. Los camaristas dijeron en ese fallo que “existen en Venezuela situaciones de violaciones a los derechos humanos que configurarían crímenes de lesa humanidad”. De esa manera habilitaron la jurisdicción argentina para juzgar estos delitos, cuando no existen garantías de justicia en el país de origen.