El Ministerio de Seguridad informó que identificó a 17 personas a las que señala por su presunta participación en los hechos de violencia registrados el miércoles frente al Congreso, durante la marcha contra la reforma laboral.
La nómina fue difundida tras un trabajo conjunto entre fuerzas federales y la Justicia, y ya fue incorporada a una causa que tramita en el fuero federal. Además, el Gobierno presentó una denuncia por terrorismo contra los responsables de los disturbios.
La identificación se logró a partir del análisis de cámaras de seguridad, imágenes de transmisiones televisivas y registros obtenidos en redes sociales. La tarea se realizó con intervención de la Policía Federal, el sistema Luna y la colaboración de la Ciudad de Buenos Aires. La documentación fue remitida a la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre que el número de personas reconocidas creció en pocas horas. “Ayer a la tarde teníamos identificados a cuatro, hoy ya son diecisiete”, afirmó.

Matías Roldán fue identificado a través de imágenes difundidas por TN. (Foto: Ministerio de Seguridad)
Explicó que el relevamiento fue producto de un “trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la Justicia”, y precisó que la mayoría de los señalados proviene de la provincia de Buenos Aires, mientras que otros tienen domicilio en la Ciudad y en provincias del norte del país.
De acuerdo con la información oficial, los identificados son Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.

Matías Roldán, tras la captura. (Foto: Ministerio de Seguridad)
También fueron individualizados Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
Desde la cartera de Seguridad indicaron que parte de los involucrados registra antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque aclararon que no todos comparten el mismo perfil. La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los episodios ocurridos durante la movilización.
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En el operativo desplegado el día de la protesta fueron detenidas 71 personas, de las cuales 27 fueron interceptadas en accesos previos al Congreso. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los arrestados ni de los 17 identificados fue señalado como integrante del grupo que arrojó bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal. La identidad de quienes lanzaron esos artefactos aún no fue confirmada oficialmente.
Monteoliva justificó que no se haya producido una detención inmediata de quienes portaban bombas molotov. “Cuando estaban todavía los tirabombas detrás de los cartones, estaban con sus bombas molotov. En ese momento, las fuerzas actúan, las brigadas de detención, que intervienen cuando existen garantías para que se pueda mover la fuerza sin generar un disturbio superior", argumentó.

Héctor Cabrera, identificado a través de WhatsApp. (Foto: Ministerio de Seguridad)
Y agregó: “Hay que garantizar que el movimiento de las fuerzas sea escalonado y que no se genere un disturbio mayor. Hasta que no estuvo totalmente garantizado que no había más posibilidad de prender fuego ni de arrojar bombas y que estuvieran dispersos, ahí es cuando empiezan a actuar las brigadas. Si no, sería una locura”.
La ministra sostuvo además que, a su entender, los hechos no se limitaron a agresiones contra el personal policial, sino que tuvieron una finalidad institucional. En esa línea, mencionó la presencia de personas que llevaban “bidones de nafta, bombas molotov, bulones para tirar con gomeras” y otros elementos contundentes.

También señaló la participación de grupos organizados, entre ellos barrabravas y sectores de izquierda combativa.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo impulsó una denuncia por terrorismo contra los responsables de los incidentes. “Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, afirmó.