¿Cómo legislar sobre trabajo prendidos a la teta del Estado?

No cabe ninguna duda de que el gobierno de Javier Milei y sus acompañantes temporales llegaron en busca de venganza contra quienes —al fin y al cabo— también dejaron indefensos a los trabajadores a través de cosas que se debieron hacer y no se hicieron, para seguir satisfaciendo los privilegios de una casta que no se fue, sino que creció.

Si se analiza con criterio, resulta extemporáneo que se legisle para reformar el plano laboral y que lo hagan quienes —en su mayoría— sin mérito alguno llegaron a ocupar un cargo representativo, basándose en algún padrinazgo heredado o en el amiguismo.

Difícil situación para quienes cobran dietas que son casi veinte veces el sueldo de un asalariado, que cuentan con autos oficiales sin costo alguno, militantes como asesores y —como ha ocurrido en otras oportunidades— con la espada sobre la cabeza en materia de hechos de corrupción.

Al mismo tiempo, cuentan con el respaldo de un Poder Ejecutivo integrado por asesores, accionistas o dueños de empresas, muchas de ellas ni siquiera nacionales, a quienes solo les interesa obtener mayores dividendos, aunque en pos de ello se deba retroceder hacia formas de explotación propias de la Edad Media.

Claro está que también se sumarán otros mamones de la teta estatal, como los gobernadores, señores feudales acostumbrados al “toma y daca” con los oficialismos de turno, sean o no de su partido, con tal de no perder fondos ni privilegios para sí y sus familiares.

No faltarán los sindicalistas de “toda la vida”, que presionarán hasta el punto en que sigan ingresando beneficios para su “caja negra” y luego validar el “siga, siga”.

Pocas esperanzas quedan para los trabajadores “de verdad” cuando semejante grupo es el encargado -teóricamente- de defenderlos. Aunque, claro, el perjuicio ya viene de arrastre para todos los argentinos, que terminamos perdiendo la “cultura del trabajo” precisamente por la incultura y el desamparo brindados por la dirigencia en todas y cada una de las áreas, tanto política como estrictamente gremial. Sin hablar, por supuesto, de la esfera comunicacional, con la pléyade de mercenarios que permitieron que se borrara de un plumazo el estatuto del periodista, que durante décadas significara un tótem sagrado cuando se escribía con honestidad y ello también se demostraba con el ejemplo de vida. Tiempos en que las plumas eran para los escritos y no para las vedettes.

Pero más allá de que, quienes legislan sobre el trabajo son los que pueden dar pocos ejemplos en ese sentido, tampoco lo hacen pensando en el futuro, sino en la venganza.

Con la vuelta de la democracia, hace ya más de cuarenta años, hubo quienes quisieron aprovechar para destruir los privilegios de los trabajadores, tal vez los únicos privilegios válidos en un mundo cada vez más arrodillado frente a los poderosos.

La primera etapa la inició Carlos Menem, quien en nombre del peronismo decretó la muerte de la cultura del trabajo, destruyendo miles de empleos y detonando empresas del Estado, algunas eficientes y otras a las que ni siquiera se les dio la posibilidad de modernizarse.

Luego llegaría Mauricio Macri para, en “modo venganza”, satisfacer su legado empresarial y al mismo tiempo sus negocios con el Estado, al que nunca consideró un socio sino un espacio para saquear.

En el medio hubo gobiernos que perdieron la oportunidad de sanear la situación, eliminando el aparato prebendario y generando mecanismos sustentables para validar esos derechos, afirmándolos adecuadamente.

No dejaron de ser casta, porque el poder es un dulce veneno que no mata, pero provoca profundos olvidos.

Con los libertarios se abrió la puerta para arrasar, pero —como en otras épocas— también se lo hace por venganza, cuando al menos podría concretarse pensando en el futuro, que -el trabajo- ya no será ni parecido al que se mantuvo durante  los últimos 200 años.

Para la actual y las nuevas generaciones, el trabajo como tal no tendrá ni de cerca el espíritu de lo que comenzó con la revolución industrial. Por lo tanto, hablar de vacaciones, horas extras, salario, convenios y demás “suena a viejo” y, al mismo tiempo, a promesas de antaño, en un país donde la cantidad de empleados informales supera ampliamente a los formales y donde los despidos por consecuencia de la destrucción del aparato productivo y el consumo están a la orden del día, alcanzando cifras históricas.

Entonces nos preguntamos para qué legislar cuando quienes lo hacen no conocen el tema, responden a sectores que no los eligieron y terminan representando intereses impropios.

Del mismo modo, cuando internet, la logística internacional, el comercio mundial y el avance de la inteligencia artificial están dejando atrás todo lo conocido ¿de qué sirve reformar lo viejo si en pocos meses puede quedar completamente desfasado de la realidad?

Hubiera sido mucho más provechoso empezar a debatir el futuro: los nuevos empleos, cuál será el escenario, quiénes serán los trabajadores, cuáles serán los nuevos derechos y qué capacitaciones harán falta. Lo ocurrido en el Senado no es más que la lucha de poder entre quienes, en cincuenta años, no supieron resolver el problema que claramente no los afecta a ellos como casta, sino a los millones de ciudadanos que dependen del trabajo para sobsco en contra de las mayorías, alimentado muchas veces por ese mismo sector, que fue convencido —inexplicablemente— por una minoría poderosa.

Queda, como siempre, la esperanza de que los “buenos” despierten y llegue de una vez por todas la justicia, para que resuenen las palabras de Marco Aurelio:
“El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele”.

(*) fersomozaok@gmail.com