Dos amicus curiae alertan a la Corte Suprema sobre graves irregularidades en la causa contra José Antonio Cácere
La causa que mantiene condenado a prisión perpetua al ex policía bonaerense José Antonio Cácere atraviesa una instancia decisiva tras la presentación de dos escritos como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que se solicita una revisión integral del expediente por presuntas irregularidades estructurales, probatorias y procesales.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1, mediante un fallo no unánime, con voto en disidencia, un dato de especial relevancia tratándose de una pena de máxima gravedad. Posteriormente, la causa fue revisada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó parcialmente la condena contra Cácere, pero absolvió a otros imputados por los mismos hechos, generando cuestionamientos por la aplicación desigual de la prueba dentro de un mismo expediente.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Chorazzi, con la intervención de la querella particular representada por la abogada Verónica Bogliano, quienes sostuvieron la hipótesis acusatoria durante el proceso.
Uno de los ejes centrales señalados por los amicus curiae es la valoración de la prueba pericial. La Asesoría Pericial Oficial, que practicó la autopsia con cuerpo presente, concluyó que la muerte investigada fue de causa natural y sin signos de violencia. Sin embargo, la condena se apoyó de manera decisiva en una pericia de parte posterior, elaborada por el Dr. Omar Alejandro Ledesma, realizada sin cuerpo presente, que sostuvo una hipótesis distinta.
Según advierten las presentaciones ante la Corte, la sentencia no habría explicado de forma suficiente por qué se desplazó la prueba científica directa en favor de una pericia indirecta, lo que podría configurar un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba, incompatible con el estándar de certeza reforzada exigido para una condena a prisión perpetua.
Asimismo, los escritos cuestionan que se hayan considerado elementos que no debían haber tenido un peso decisivo, mientras se relativizaron pruebas objetivas que favorecían la posición defensiva, como documentación y registros que no evidenciaban lesiones compatibles con la mecánica del hecho finalmente sostenida.
La defensa de Cácere está a cargo del Dr. Fabián Amendola, quien impulsó los recursos extraordinarios ante el máximo tribunal y ha expuesto públicamente que el caso presenta una arbitrariedad manifiesta en la sentencia, además de inconsistencias que, a su criterio, tornan indispensable la intervención de la Corte.
Las presentaciones como amicus curiae fueron realizadas por Inocente Colectivo, de la provincia de Santa Fe, y por una Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género de la provincia de Córdoba. Ambas organizaciones coincidieron en señalar que el expediente plantea un problema institucional que excede el caso individual y compromete principios constitucionales como el debido proceso, la igualdad ante la ley y el principio de certeza.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza los recursos y presentaciones, en un contexto de creciente visibilidad pública del caso, que ya fue abordado por periodistas como Chiche Gelblung, María Julia Oliván, Liliana Caruso, Sebastián Domenech e Ignacio González Prieto, entre otros medios.
Familiares de José Antonio Cácere insisten en que no buscan impunidad, sino que la Justicia “lea la causa completa” antes de convalidar una condena irreversible. La combinación de un fallo dividido, pericias contradictorias, absoluciones parciales y el acompañamiento institucional de terceros coloca al expediente como un caso testigo sobre los límites de la prueba pericial y el estándar exigible en condenas de prisión perpetua.