El debate se desarrolló durante casi cuatro horas, entre las 15:55 y las 19:30. Durante ese tiempo, solo estuvieron presentes la acusada, su abogada defensora, representantes de la fiscalía, la querella y el vicecónsul argentino, ya que otras personas, incluidos familiares y medios, fueron retirados de la sala.
En la audiencia declararon primero los empleados del bar donde ocurrió el hecho, quienes relataron lo sucedido. Luego expuso el fiscal, que pidió una pena de 2 años como pena mínima, si es injuria racial, o multa por injuria simple y, finalmente, la defensa solicitó que el proceso continúe en la Argentina.
A diferencia del sistema judicial argentino, en Brasil este tipo de instancias concentra gran parte del proceso, lo que permite al juez definir en el momento si absuelve, condena o dispone medidas alternativas, como ocurrió en este caso.
El temor de la acusada y su descargo
Antes de la audiencia, Páez había manifestado su angustia ante la posibilidad de quedar detenida. “Si voy a la cárcel, me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó en declaraciones televisivas.
Respecto a la acusación, sostuvo que las denuncias fueron realizadas por empleados del local y cuestionó la interpretación de los hechos: “Con lo que se ve en las cámaras, no existió lo que dicen”.
Sin embargo, reconoció su conducta y pidió disculpas: “No justifico mi reacción, fue pésima. Siempre quise pedir disculpas, sobre todo a quienes se sintieron ofendidos”.
El caso que generó repercusión
El episodio ocurrió cuando la joven, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba de vacaciones en Brasil junto a amigas. Allí fue filmada realizando gestos considerados racistas a la salida de un bar, lo que derivó en una denuncia y su posterior detención.
La causa avanzó bajo la figura de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada hecho.
En el escenario más severo, la acusación podría haber implicado una condena de hasta 15 años. Sin embargo, al no contar con antecedentes penales, se esperaba que la pena se ubicara en el mínimo de la escala, es decir 2 años como pidió la fiscalía.
La decisión judicial de permitir su regreso a la Argentina con tareas comunitarias marca un giro en el caso, que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en el país.