Argumentaron que la iniciativa viola el principio de presupuestos mínimos definido por la Constitución Nacional para las provincias −que impone condiciones de protección uniformes en todo el país− y anticipa que comprometerá a las cuencas hídricas.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió ayer en conferencia de prensa la actuación del Gobierno frente a las críticas y aseguró que toda la información requerida está siendo puesta a disposición de la Justicia.
Además, sostuvo que la actual gestión mantiene estándares más exigentes en materia de transparencia y rechazó los cuestionamientos provenientes de la oposición.
La defensa del Gobierno
La primera jornada, realizada el miércoles en el Congreso, estuvo atravesada por un clima de fuerte confrontación, tanto dentro como fuera del recinto, con protestas de grupos ambientalistas. Durante las exposiciones, predominó el rechazo a la posible ampliación de actividades extractivas en zonas protegidas.
El encuentro fue encabezado por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, respectivamente. Entre los principales reclamos, se destacó la restricción en el número de expositores del interior.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado, apunta a modificar los límites de protección vigentes para permitir determinadas actividades económicas en áreas periglaciares, lo que genera un fuerte debate entre quienes impulsan el desarrollo productivo y quienes advierten sobre los riesgos ambientales.
Reclamo de ambientalistas
Por otro lado, organizaciones ambientales presentaron una nueva cautelar que quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, quien aún no resolvió.
El planteo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. Las entidades solicitaron que el Congreso garantice la participación oral de todos los inscriptos en la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares.