El otro Riesgo País

El nivel de incertidumbre existente cuando se realiza una operación comercial o una inversión en un país es lo que se conoce como “Riesgo País”. La definición es amplia y engloba la probabilidad de que se produzca una pérdida financiera por circunstancias macroeconómicas, políticas, sociales o incluso por desastres naturales en una nación determinada.

El concepto influye directamente en las decisiones de inversión y en el costo de la financiación, tanto para las empresas como para las administraciones públicas.

Debido a la inestabilidad generada durante las últimas semanas, esta valoración, que se encontraba en torno de los 400 puntos, llegó a superar los 600 en nuestra querida Argentina.

El dato resulta significativo para cualquier economía que pretenda mostrarse ordenada y estable, como suele sostener y gesticular el presidente Javier Milei. El Gobierno, de todos modos, atribuye buena parte de esta escalada al contexto financiero internacional y a las mayores tasas de interés externas.

Pero existe otro riesgo país, uno que no aparece en las pantallas de los mercados ni se calcula con fórmulas financieras. Es el que mide el hombre común de la calle, el que durante décadas vio al Estado controlar servicios, otorgar subsidios y sostener determinadas actividades, algunas veces beneficiando a los sectores más vulnerables y otras también a quienes no parecían necesitarlos.

Ese ciudadano evalúa su propio riesgo país a través del espejo que le devuelve su realidad cotidiana.

Una realidad marcada por el cierre de empresas que parecían consolidadas, por grandes marcas que nunca se pensó que abandonarían el mercado y que hoy bajan sus persianas de un día para otro, dejando a sus trabajadores, muchos de ellos único sostén de sus familias, frente a una situación difícil de explicar cuando lo que está en juego es algo tan elemental como saber qué se va a comer mañana.

Los números oficiales tampoco permiten ignorar el problema. El INDEC informó que durante el primer semestre de 2026 el 32,3% de las personas relevadas en los aglomerados urbanos se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 7,5% en situación de indigencia.

Entonces el riesgo país de cabotaje no necesita de fórmulas estadísticas sofisticadas. Alcanza, por ejemplo, con ser jubilado y comprobar que los haberes crecen mucho menos que los medicamentos y los alimentos, para comprender de qué estamos hablando. El problema aparece cuando una persona debe elegir entre comprar los remedios que necesita o llevar comida a su mesa, porque allí el riesgo deja de ser una variable financiera y se convierte en una cuestión concreta de supervivencia.

Hay un punto que podría ser común entre estos dos “riesgos país”: el que mide la fórmula internacional termina reflejando, de algún modo, la incertidumbre de una economía doméstica que también golpea a millones de argentinos. Cuando el Estado debe pagar más caro para financiarse, cuando las empresas enfrentan mayores costos y cuando el crédito se vuelve más difícil, el número deja de ser exclusivo de los operadores financieros.

En su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei volvió a reivindicar el reclamo argentino sobre Malvinas y el problema aparece cuando las palabras de un mandatario pueden ser interpretadas como una señal de mayor confrontación en un escenario internacional que ya tiene demasiados conflictos abiertos.

Malvinas es una causa nacional y así está establecido incluso en la Constitución, pero precisamente por eso debería ser tratada con la responsabilidad que exige una cuestión de semejante sensibilidad. Es decir que hay suficientes riesgos reales como para no necesitar agregarles otros por cuenta propia.

Asistimos entonces a un Riesgo País mucho más peligroso que el que pueden mostrar simples números. Asistimos a un deterioro que se expresa en la mesa familiar, en el comercio que vende menos, en la fábrica que reduce personal, en el jubilado que cuenta las monedas antes de entrar a la farmacia y en el trabajador que conserva su empleo sin saber cuánto tiempo podrá hacerlo.

El Gobierno puede mostrar una determinada estabilidad macroeconómica y defenderla con argumentos técnicos. Puede exhibir determinados indicadores positivos y atribuir otros problemas a factores externos. Todo eso forma parte de la discusión económica y merece ser analizado con seriedad.

Pero existe una economía que no aparece en las planillas, pero sí lo hace en los hogares de quienes ya hicieron el ajuste sobre sus propias vidas.

La aventura de pretender que el bienestar puede quedar para después, mientras se sostiene que ese sacrificio será recompensado en algún momento, empieza a tener un costo demasiado grande.

No estamos necesariamente ante un camino que nos llevará a ser Alemania dentro de veinte años, como tantas veces se prometió desde el poder. Estamos frente a una sociedad que está pagando hoy el precio de un programa cuyo resultado futuro todavía nadie puede garantizar.

Las advertencias aparecen por distintos lugares. Algunas están en los mercados. Otras aparecen en las estadísticas oficiales. Y muchas ni siquiera necesitan estadísticas: basta con mirar alrededor.

Por eso el Riesgo País termina siendo algo mucho más profundo que una cifra elaborada por un banco de inversión. El verdadero riesgo es que un país pueda acostumbrarse a que millones de personas vivan al límite y que, mientras eso sucede, la discusión siga concentrada en cuánto marca una pantalla.

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