Pintos explicó que el conflicto entre los socios derivó en la disolución y posterior liquidación de la sociedad, una situación que, según señaló, impide actualmente que el colegio pueda realizar las matriculaciones para 2027.
"Estamos esperando que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de Lomas de Zamora resuelva las presentaciones que de parte de los letrados de la institución se han presentado para poder darle celeridad a este proceso y se pueda llegar a un buen puerto", sostuvo.
El representante legal remarcó que, por el momento, la escuela no puede ofrecer una respuesta concreta a las familias. "Hoy la escuela no está habilitada para matricular. Las familias están preocupadas", señaló.
La falta de certezas también impacta directamente sobre los estudiantes. Según Pintos, muchos padres comenzaron a buscar vacantes en otros colegios para garantizar la continuidad escolar de sus hijos el año próximo.
"Muchos están saliendo a buscar vacantes para asegurarse la continuidad de los chicos para el año que viene. Si nosotros no podemos dar certezas, es lógico que suceda", explicó.
Mientras la causa continúa en la Justicia, la comunidad educativa espera una resolución que permita definir el futuro del establecimiento y evitar que el conflicto societario termine afectando la continuidad de las clases para los 1.400 estudiantes y la fuente laboral de los 130 trabajadores.
La comunidad educativa reclama una solución
La comunidad educativa se concentró este martes en la puerta del Instituto Almafuerte para reclamar una solución al conflicto judicial que pone en riesgo la continuidad de la institución y pedir que los alumnos puedan seguir estudiando allí el próximo año.
“Estamos suplicando que no nos cierren el instituto. Están tirando a la basura 60 años de historia. Nos tienen que escuchar. Necesitamos una respuesta para que nuestros hijos puedan seguir estudiando acá. Además de 1.400 alumnos, son 130 empleados que se van a quedar en la calle. Los negocios del barrio van a perder ventas porque todo funciona a raíz del colegio”, sostuvo la madre de una estudiante.
Otra madre pidió que se tenga en cuenta el impacto que tendría el cierre sobre toda la comunidad educativa: “Queremos que el juez ponga en una balanza el beneficio de tres o cuatro herederos contra el perjuicio de 1.400 alumnos. Ellos tienen derecho a reclamar, pero que lo resuelva con los alumnos en las aulas”.
“Estamos indignadísimos. Este colegio funciona hace 60 años y al juez le importa un carajo la historia que tenemos. Quieren destruir algo que es de la comunidad”, expresó un padre.
También los estudiantes manifestaron su preocupación por el futuro de la institución. “Yo vengo desde el jardín a este colegio. Esta decisión provoca un gran impacto a todos nosotros. No lo pueden cerrar por una causa judicial. Es nuestro derecho a estudiar”, señaló un alumno.