Después de mentir, ¿qué queda?

Hace más de diez años, una carta de lectores publicada en el diario El País, de España, planteaba una idea que todavía merece atención: “La mentira es algo que no se acepta. Es algo reprobable”. El autor sostenía que mentir para obtener un beneficio propio, aun a costa de perjudicar a otros, debería tener consecuencias, y proponía una ley que prohibiera la mentira en política, tanto para conquistar una alcaldía como para llegar a la presidencia del Gobierno.

La propuesta puede parecer un tanto exagerada. En nuestro país, mentir en términos generales no constituye un delito, aunque sí existen figuras penales para determinadas conductas, como el falso testimonio, la falsa denuncia o las calumnias e injurias. Pero más allá de la discusión jurídica, la pregunta sigue vigente: ¿qué sucede cuando la mentira deja de ser una excepción y se convierte en una herramienta habitual del poder?

Javier Milei ofrece abundantes ejemplos para examinar esa cuestión. No se trata solamente de promesas incumplidas, algo frecuente en la política, sino de afirmaciones sobre hechos concretos, datos económicos y hasta el currículum de quien las formula. Las controversias en torno a su supuesto doctorado, los plagios en sus libros, las sucesivas promesas sobre la dolarización y sus pronósticos inflacionarios forman parte de una trayectoria que sus defensores pueden relativizar, pero que difícilmente pueda separarse de la discusión sobre su credibilidad.

El jueves pasado el Presidente habló ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde recibió el reconocimiento de “campeón mundial de la libre empresa”, y ofreció una interpretación singular del riesgo país.

“Vamos a honrar nuestras deudas a todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el Riesgo País”, afirmó. Sin embargo, en ese mismo momento el indicador elaborado por JP Morgan rondaba los 640 puntos básicos y había subido respecto de la jornada anterior.

Milei agregó que, si se consideraba el riesgo país de su administración en sentido estricto, el correspondiente al año próximo estaría por debajo de los 100 puntos. Un dato que, en boca del Presidente, terminó convertido como favorable cuando en ese momento mostraba otra cosa.

La filósofa alemana Hannah Arendt advirtió sobre ese peligro en ensayos como Verdad y política y La mentira en política, donde examinó cómo la falsedad organizada puede intentar sustituir la realidad compartida por una versión construida para servir a determinados intereses.

Una mentira aislada puede buscar una ventaja puntual. La mentira organizada, en cambio, aspira a construir un universo propio, en el que los hechos que contradicen la narración oficial pierden valor y las afirmaciones que la favorecen se repiten hasta adquirir apariencia de verdad. No hace falta que todos crean plenamente en ellas. Alcanza con que una parte de la sociedad termine aceptándolas y otra se resigne a que ya no vale la pena discutirlas.

El caso de Fernando Cerimedo, asesor de Milei y figura vinculada a distintas expresiones de la derecha regional, agrega otra dimensión a esta discusión. La difusión de mensajes, la manipulación de información y las operaciones destinadas a influir sobre la opinión pública no son asuntos secundarios cuando lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para reconocer los hechos y exigir responsabilidades.

Arendt advirtió que la mentira organizada puede comprometer incluso a quienes no la originaron. Para sostenerse, necesita repetición, adhesiones y una comunidad dispuesta a aceptar como propia una versión conveniente de los acontecimientos. Así se alimenta el autoengaño colectivo: la ficción termina siendo más atractiva que la verdad porque confirma lo que se desea creer, protege las convicciones previas y evita el costo de reconocer que algo salió mal.

El desprecio por la verdad factual debilita, además, la capacidad crítica de los ciudadanos. Si toda información adversa se descarta como una operación política y toda afirmación favorable se acepta sin examen, ya no existe una discusión abierta, sino una sucesión de lealtades. El resultado es un espacio público degradado, donde la obediencia a la narrativa oficial puede terminar desplazando al pensamiento autónomo y facilitar formas de dominación.

En la Argentina, esta discusión adquiere una dimensión particular. A pesar de las dificultades económicas que soportan amplios sectores de ingresos medios y bajos, Milei conserva un respaldo social significativo. Ese apoyo no puede explicarse exclusivamente por la mentira: también intervienen las expectativas de cambio, el rechazo a experiencias políticas anteriores y la valoración que cada ciudadano hace de las alternativas disponibles. Reducirlo todo a una supuesta manipulación sería, además de injusto, una forma de no comprender lo que ocurre.

Pero precisamente por eso importa distinguir entre la adhesión política y la renuncia a los hechos. Un ciudadano puede respaldar a un gobierno, compartir sus objetivos y aceptar sus sacrificios sin quedar obligado a creer que un indicador sube cuando baja o que baja cuando sube. La lealtad electoral no debería exigir la suspensión del juicio crítico.

La mentira puede proporcionar una ventaja inmediata, disimular un fracaso o ganar tiempo. Lo que no puede hacer indefinidamente es reemplazar las consecuencias de las decisiones tomadas. La economía, las instituciones y la vida cotidiana de las personas terminan poniendo a prueba cualquier relato.

Cuando eso sucede, no alcanza con retirar una afirmación, cambiar de tema o encontrar un nuevo culpable. Queda el daño causado, la confianza perdida y una sociedad que debe reconstruir sus referencias para volver a discutir sobre una realidad común.

Ese es el costo político más profundo de la mentira: no solamente engañar sobre lo que sucede, sino deteriorar la posibilidad de que los ciudadanos puedan ponerse de acuerdo, incluso en medio de sus diferencias, sobre qué es lo que efectivamente está sucediendo.

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