El Gobierno nacional autorizó una licitación pública por $7.638 millones para construir galpones modulares y realizar obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa, y establece un plazo de ejecución de 548 días corridos.
La decisión lleva la firma del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y contempla una contratación bajo el sistema de ajuste alzado, con un presupuesto oficial de $7.638.061.962.
La resolución autoriza el llamado a la Licitación Pública Nacional N° 38-0502-LPU26 para la ejecución del proyecto denominado “Construcción de galpones modulares y obras complementarias – Base Naval Integrada Ushuaia”.
La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión pública más amplio, identificado con el número BAPIN 100.426, destinado a la construcción de un muelle, infraestructura conexa y adquisición de maquinaria y equipamiento en el sector oriental de la península de Ushuaia.
El Ministerio de Defensa también aprobó los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán la contratación.
La resolución establece que los gastos se imputarán al presupuesto del Ministerio de Defensa, específicamente a la partida correspondiente al Estado Mayor General de la Armada.
Según consta en el expediente, la Armada dispone de crédito presupuestario para el ejercicio 2026 y el proyecto contempla compromisos de inversión plurianuales para 2027, 2028 y 2029.
Además, el procedimiento se realizará a través del sistema electrónico CONTRAT.AR, donde se deberá establecer la fecha de apertura de ofertas.
La Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza será responsable de la inspección técnica.
Por otra parte, el Ministerio delegó en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la firma del contrato, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de eventuales sanciones contractuales.
La autorización no implica que la obra haya comenzado ni que exista una empresa adjudicataria. El procedimiento todavía deberá avanzar con la convocatoria, la recepción de ofertas, su evaluación y la adjudicación correspondiente.