El ajuste para el pueblo y los impuestos para el Rey

El Gobierno de Javier Milei y sus adeptos tienen una particular manera de entender el sacrificio. Cuando se trata de reducir el gasto público, no parece haber demasiados límites. Se paralizan obras, se restringen prestaciones, se recortan presupuestos y se exige paciencia a quienes deben afrontar las consecuencias.

La explicación oficial es conocida: no hay plata, primero hay que ordenar las cuentas y después llegará la recuperación.

Sin embargo, hay una parte de la ecuación que no encajaría en ese relato.

Los impuestos siguen cobrándose. También aquellos que tienen asignaciones específicas, creadas precisamente para financiar obras y servicios que el Estado considera necesarios. El problema ya no consiste solamente en discutir cuánto gasta el Gobierno, sino en averiguar qué hace con el dinero que recauda para cumplir determinadas obligaciones.

El combustible ofrece un ejemplo difícil de eludir ya que cada vez que un automovilista carga nafta o gasoil, paga tributos que alimentan distintos fondos destinados, entre otras finalidades, a la infraestructura vial, hídrica y del transporte.

No todo lo recaudado por combustibles tiene un único destino, ni todas las obras deben financiarse con una sola fuente. Pero las asignaciones están establecidas y pueden verificarse.

El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto 1381/2001 y ratificado por la Ley 26.181, tiene una finalidad concreta: financiar obras de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas, control y mitigación de inundaciones y otras intervenciones previstas por la normativa.

No fue concebido para convertirse en una caja de disponibilidad general con la que el Ministerio de Economía pueda resolver cualquier necesidad financiera del momento.

Los números conocidos muestran la dimensión de la contradicción. Según una investigación de Chequeado basada en información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $375.400 millones destinados a obras hídricas, pero se ejecutaron $116.000 millones. Es decir, apenas el 31% de esos recursos se tradujo en pagos por obras durante el período analizado.

La misma investigación informó que, en junio de 2026, el fondo mantenía más de $290.000 millones invertidos en Letras del Tesoro. En lugar de convertirse en canales, trabajos de prevención, infraestructura para mitigar inundaciones o recuperación de tierras productivas, una porción sustancial de los recursos permanecía colocada en instrumentos financieros del propio Estado nacional.

Con las rutas ocurre algo semejante. Una investigación periodística publicada en agosto señaló que, de aproximadamente $1,5 billones recaudados por impuestos a los combustibles desde el comienzo de la gestión de Milei hasta mediados de 2026, sólo una cuarta parte se había destinado a obras viales. El resto no se tradujo en una inversión equivalente en la red caminera.

La explicación oficial consiste en defender el nuevo esquema de administración de los recursos y sostener que las rutas deben financiarse, en adelante, mediante otros mecanismos, incluidas las concesiones privadas.

Pero ese argumento no resuelve la pregunta central especto a qué sucede con el dinero que los ciudadanos ya pagaron mediante impuestos establecidos para sostener la infraestructura.

Si el Estado recauda con una finalidad determinada, pero posterga las obras y coloca los recursos en instrumentos financieros, puede mejorar su disponibilidad de fondos y contribuir al resultado fiscal. Lo que no puede hacer es presentar esa operación como si equivaliera a cumplir la obligación que justificó el cobro. Una letra del Tesoro no repara un pavimento, no construye una alcantarilla y no evita que un campo quede bajo el agua.

El asunto tiene consecuencias económicas que van mucho más allá de una discusión contable. Las rutas deterioradas encarecen el transporte, perjudican la logística agropecuaria, aumentan los riesgos de circulación y deterioran la conectividad de las economías regionales.

Las obras hidráulicas demoradas dejan a pueblos, productores y familias más expuestos a inundaciones y anegamientos. El ahorro de hoy puede convertirse en un costo mucho mayor mañana, cuando el daño ya esté hecho.

Y mientras el Estado posterga esas inversiones, las familias enfrentan otra forma de ajuste. Una porción creciente de sus ingresos se consume en alimentos, servicios, transporte y cuotas de deudas contraídas para cubrir gastos cotidianos. En numerosos hogares, el crédito dejó de servir para anticipar una compra y pasó a funcionar como un suplemento precario del salario. Se pide prestado para llegar a fin de mes y se compromete el ingreso siguiente para pagar lo que quedó pendiente del anterior.

A esa realidad se suman las disputas por el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y otras obligaciones públicas que el Congreso decidió respaldar mediante leyes. La discusión sobre cómo obtener los recursos es legítima. Lo que resulta difícil de justificar es que el ajuste se invoque como una barrera infranqueable para atender derechos reconocidos, mientras fondos recaudados para infraestructura permanecen colocados en instrumentos financieros en lugar de materializarse en las obras previstas.

El equilibrio fiscal no es una finalidad que deba descartarse. Un Estado que gasta de manera irresponsable termina trasladando sus desequilibrios a toda la sociedad.

Mientras tanto el presidente sigue viajando, peleándose con el mundo como un Quijote contra los molinos de viento. Todo ello sin ajustes, eligiendo variados destinos, utilizando aviones, hoteles, restaurantes y gastos variados, esos que jamás podrán acceder quienes hoy están expectantes respecto a si llegará la camioneta de la compañía de electricidad para cortarles el servicio.

La distopía entonces se hace carne y cada vez quedan menos respuestas a semejantes sinsentidos.

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