Fuerte alarma en el sector asociativo por la baja de 6500 cooperativas

Una profunda conmoción social recorre las diferentes provincias del país tras la masiva resolución del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello, de reordenar de manera drástica el padrón nacional asociativo.

La medida oficial determinó la quita inmediata de la autorización formal para operar a más de 6500 cooperativas que brindaban prestaciones básicas y sostenían economías regionales en todo el territorio argentino.

Desde las federaciones del sector advirtieron que la decisión gubernamental desprotege a miles de trabajadores autónomos y paraliza proyectos de infraestructura comunitaria autogestionados que suplían la ausencia del Estado.

La mayor preocupación se concentra en el interior bonaerense, donde casi dos mil de estas organizaciones fueron suspendidas de manera imprevista por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Muchas de estas entidades gestionan servicios públicos esenciales, tales como la distribución de energía eléctrica, redes de conectividad rural y provisión de agua potable en pequeñas localidades que no resultan rentables para las grandes corporaciones privadas.

La interrupción de sus matrículas pone en jaque la viabilidad de los puestos laborales y amenaza con desabastecer de prestaciones básicas a comunidades enteras.

Representantes gremiales y movimientos sociales expresaron su enérgico rechazo y denunciaron un intento encubierto de asfixiar el cooperativismo bajo la premisa de la austeridad fiscal.

Al mismo tiempo, organizaciones dedicadas a la discapacidad se movilizaron frente al Congreso de la Nación para reclamar que el Senado convalide definitivamente la prórroga de la emergencia nacional en el área, con el propósito de garantizar las coberturas médicas y de transporte en este delicado contexto socioeconómico.