Los ricos no pagan

Hay una curiosa coincidencia entre algunos de los hombres que conducen los destinos políticos y económicos de nuestros países: parecen tener bastante mejor resuelto su futuro personal que el de los ciudadanos que gobiernan. Y cuando las cosas salen mal, siempre encuentran alguna manera de seguir adelante. El problema es que quienes pagan las consecuencias no suelen tener la misma suerte.

En Paraguay, Santiago Peña acaba de convertirse en ejemplo de cómo las decisiones de quienes gobiernan pueden terminar comprometiendo el futuro de millones de ciudadanos. El Senado lo destituyó este 6 de noviembre, con 44 votos favorables, después de que intentara renunciar a la Presidencia en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank.

La renuncia no fue aceptada y el Congreso avanzó con el juicio político para impedir que Peña conservara los fueros correspondientes a los expresidentes y su condición de senador vitalicio.

Pedro Alliana ya asumió en su reemplazo. El episodio tiene una dimensión económica difícil de disimular: casi 2,9 millones de personas quedaron afectadas por el congelamiento de sus depósitos y la entidad acumulaba unos 800 millones de dólares de fondos públicos, entre ellos 355 millones del Instituto de Previsión Social, destinados a sostener jubilaciones y pensiones.

Peña había tenido participación accionaria en empresas del grupo propietario del banco, aunque niega haber cometido irregularidades. La Fiscalía investiga las operaciones y las responsabilidades de funcionarios y directivos. Mientras tanto, los paraguayos deben esperar para recuperar sus ahorros y los trabajadores siguen sin tener certezas sobre la seguridad de sus fondos previsionales. El presidente perdió el cargo, pero el daño económico y el fracaso institucional quedaron del lado de la sociedad quien deberá pagar los errores.

Flavio Bolsonaro es otro de los que acaba de protagonizar un episodio que retrata bastante bien esa cultura política. Después de perder las elecciones presidenciales brasileñas frente a Lula y recibir una orden judicial que le prohibía abandonar el país, terminó en Estados Unidos, donde ya se encontraba su hermano Eduardo, también enfrentado con la Justicia brasileña. La Policía Federal investiga las circunstancias de su salida.

Lula había dicho durante la campaña que Flavio nunca había trabajado fuera de la política. Una afirmación discutible en sus términos absolutos, pero que adquiere otra dimensión cuando se observa que, después de perder una elección, su primera alternativa fue buscar refugio en el exterior.

Donald Trump tampoco tuvo una buena semana. Los demócratas conquistaron las dos cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones legislativas, propinándole una derrota política de proporciones. El presidente prometió trabajar con sus adversarios, aunque también recordó que dispone del poder de veto para bloquear sus iniciativas. El costo de sus decisiones económicas, la inflación y la guerra con Irán estuvieron entre los factores que castigaron electoralmente a su partido. Trump seguirá siendo presidente hasta el final de su mandato y seguramente encontrará la manera de continuar haciendo negocios y disfrutando de su particular universo.

¿Y POR CASA?

Por estas tierras tampoco faltan los “avivados”. En septiembre, Javier Milei declaró que tenía su futuro asegurado y que, si dejaba la Presidencia, viviría de dar conferencias.

La frase fue pronunciada mientras reclamaba respaldo electoral y advertía sobre el destino del país si su proyecto fracasaba y contiene un sincericidio. El Presidente puede imaginarse tranquilamente su vida después del poder. Millones de argentinos, en cambio, no saben cómo van a llegar al día 20 del mes, ni al próximo vencimiento de sus tarjetas o cómo sostener sus hogares.

Su ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco parece atravesar dificultades patrimoniales. Según la investigación de Chequeado sobre su declaración jurada, sus bienes aumentaron un 64,6% en pesos durante 2025, hasta alcanzar los 19.509 millones. Más de dos tercios de ese patrimonio están radicados en el exterior. No hay ilegalidad en tener bienes fuera del país, por supuesto.

En verdad resulta difícil ignorar la contradicción entre un ministro que administra una economía necesitada de dólares y un patrimonio personal cuya mayor parte se encuentra fuera de nuestras fronteras.

¿Y Manuel Adorni? Después del ostracismo acaba de recibir una novedad judicial que merece atención. El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener, por ahora, la acusación de enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública, pero pidió que se investigue una posible evasión tributaria.

El dictamen no significa un sobreseimiento ni el cierre del caso, aunque la Justicia deberá seguir examinando las explicaciones patrimoniales del exjefe de Gabinete que de repente juntó medio millón de dólares, aunque usaba la parrilla para cocinar arroz con pollo.

¿Le importará a esta gente que la economía argentina vuelve a encender señales de alarma?

El riesgo país pasó de 402 puntos en julio a superar los 900 en noviembre, un incremento del 128%.

No es un número decorativo para analistas financieros: expresa la desconfianza de los mercados respecto de la capacidad del país para afrontar sus compromisos. Y revela que, detrás de la celebración oficial por los indicadores fiscales, persisten problemas que no se resuelven con discursos ni con el respaldo financiero de Washington.

La caída del consumo, el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el endeudamiento familiar forman parte de una realidad que no aparece en los radares de los más acaudalados.

Tampoco se resuelven con conferencias internacionales ni con promesas de prosperidad futura. Hay comerciantes que bajan sus persianas, trabajadores que pierden su fuente de ingresos y familias que utilizan crédito para comprar alimentos. Ninguno de ellos tiene una cuenta en Miami donde refugiar sus ahorros ni la posibilidad de abandonar el país cuando el experimento económico sale mal.

Ahí está la dolorosa situación. No se trata de cuestionar que alguien tenga dinero, construya un patrimonio o piense en su futuro. Se trata de la responsabilidad de quienes, desde el poder, toman decisiones que comprometen el destino de millones de personas y parecen considerar que sus consecuencias son un asunto ajeno.

Las guerras, los negocios ruinosos, las apuestas financieras y los errores políticos suelen tener responsables con nombre y apellido, sin embargo las pérdidas se socializan, mientras las ganancias se concentran.

Cuando llega la hora de ajustar los “dueños del Estado” se vuelven implacables con los que menos tienen y sorprendentemente comprensivos con los que más acumularon.

Por eso, la frase de Milei sobre su futuro asegurado merece algo más que una anécdota, ya que se trata de la síntesis de una desigualdad que se mantiene en el tiempo con las mayoría de los gobiernos y que además nos hicieron creer que es “la única solución”, por lo tanto quienes gobiernan pueden permitirse el fracaso porque cuentan con recursos para sobrevivirlo.

Ahora bien, quienes dependen de su salario, de una jubilación o de un pequeño comercio no tienen ese privilegio.

Los ricos no pagan sus errores. Los pagan los pueblos. Y después, con una naturalidad que debería avergonzarnos, vuelven a pedirnos que confiemos en ellos.

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