La AGN pone la lupa sobre dos polémicas concesiones: auditará la licitación de la Hidrovía y la prórroga a Eurnekian

La Auditoría General de la Nación (AGN) puso en la mira dos concesiones sensibles para el gobierno de Javier Milei: en el plan de auditoría 2027 del organismo están la licitación de la Hidrovía, sobre la que sobrevuelan las sombras del Grupo Neuss, y la prórroga del manejo de los aeropuertos al holding que comandan Eduardo y Martín Eurnekian.

Según la información exclusiva a la que accedió Ámbito, la decisión es parte del Programa de Acción Anual correspondiente al ejercicio 2027 y fue aprobado por el Colegio de Auditores, aunque falta el paso final que debe dar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

En el caso de la Hidrovía, luego de que el Gobierno cerrara la adjudicación registrando como ganador a la empresa belga Jan De Nul y la compañía argentina Servimagnus, salieron a la luz nuevas irregularidades del proceso, que desde el inicio estuvo envuelto en una serie de polémicas, y evidencias de que detrás existían socios ocultos como el Grupo Neuss.

El Ministerio Público Fiscal, en una presentación rubricada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, constató "una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas".

Ante ello, consideró que la "ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia".

Estados Unidos también puso reparos sobre la licitación, por las presuntas conexiones ocultos del Gobierno con China, pese a que el pliego específicamente excluía a compañías del gigante asiático ya que no permitían firmas con algún componente de pertenencia a un Estado.

El otro contrato sospechado es la reciente renovación de la concesión que benefició a Aeropuertos Argentina hasta 2056, a pesar de que aún faltaban 12 años para que venciera la última ampliación.

Ámbito reveló que en menos de un año, entre el 26 de septiembre de 2025 y el 10 de junio de 2026, el gobierno nacional emitió tres actas secretas en sintonía con el reclamo de Aeropuertos Argentina, empresa insignia de Eduardo y Martín Eurnekian, para que se extienda el período de su concesión.

En un principio, el Gobierno utilizó como excusa la ley de Bases y Puntos de Partida para firmar el “Acta Acuerdo de Readecuación Contractual”, por medio de la cual buscaba extender la concesión de la administración de 35 aeropuertos en todo el país hasta el año 2066.

Ese acta había sido firmada el 26 de septiembre de 2025 entre el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal (hoy detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado), y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian.

Aunque el debate parecía empantanado en torno del porcentaje de la tasa Interna de Retorno, el Gobierno tomó la decisión de avanzar.

La Hidrovía de la corrupción: todas las irregularidades de una privatización que terminó en escándalo

La concesión de la Vía Navegable Troncal a las firmas Jan De Nul y Servimagnus, que tendrán el manejo de la Hidrovía Paraná-Paraguay por los próximos 25 años es uno de los mayores escándalos bajo el gobierno de Javier Milei. Se trató de una licitación cargada de irregularidades durante todo el proceso de adjudicación a las empresas ganadoras, con fuertes vínculos con el Grupo Neuss, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

El proceso licitatorio descartó en sus etapas previas a las demás corporaciones internacionales que manifestaron interés en la Hidrovía. La compañía brasileña DTA Engenharia quedó fuera de competencia en la primera fase debido a que su propuesta resultó "inadmisible" por falta de garantías, mientras que la empresa Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) quedó relegada al segundo puesto con 162,14 puntos totales frente a los 186,2 obtenidos por el consorcio ganador.

A mediados de mayo, el Gobierno desoyó la denuncia penal presentada ante la Justicia de Comodoro Py para que se investigara la licitación pública por la Hidrovía, que se había sumado a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La Fundación por la Paz y el Cambio Climático exigía que se investigara una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación, que incluía en la acusación a la empresa Jan De Nul, quien finalmente se quedó con el negocio.

La denuncia, presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti, hablaba de una "defraudación sistemática mediante el fraude a un estado" y se reclamaba una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en "u$s7.000 millones". Uno de los ejes centrales de la denuncia era la confección de un pliego "a medida" para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.