por Fernando Somoza Especial para NA (*)
Fue durante una mesa en el programa de Mirtha Legrand cuando, hace más de treinta años, Luis Barrionuevo pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “hay que dejar de robar al menos por dos años”.
El dirigente sindical era entonces director de la Superintendencia de Salud y aquella expresión, brutal por su franqueza, nunca volvió a encontrar una réplica semejante en boca de otro funcionario que reconociera con tanta crudeza uno de los males estructurales de la Argentina: la corrupción.
Un saqueo persistente del Estado que ha generado fortunas como pocas actividades en el país. Un sistema que benefició a dirigentes de toda laya —políticos, gremialistas, intermediarios— y que se extendió por los pliegues del poder sumando amigos, socios, testaferros y amantes. Un lastre que fue hipotecando el futuro de un país que, por sus recursos y potencialidades, debería haber sido próspero.
Pero como si aquello no hubiera alcanzado, aparecieron nuevas camadas de “farabutes” —una antigua y precisa palabra para describirlos— que se presentaron con el discurso de la pulcritud administrativa y la promesa de terminar con los vicios del pasado. Sin embargo, desde el inicio demostraron una habilidad notable para “tomarle la leche al gato”, aun cuando no dudaron en aplicar severos recortes sobre amplios sectores de la población.
Si alguien se preguntaba qué más podía rapiñarse en un Estado ya exhausto tras el proceso de privatizaciones de los años noventa —cuando se vendieron las llamadas “joyas de la abuela”— la respuesta llegó en forma de nuevas prácticas: combinaciones de timba financiera, negocios opacos y las viejas coimas de siempre. Con porcentajes que, según denuncias y sospechas recurrentes, partían de un tres por ciento que alcanzaba para financiar departamentos en barrios exclusivos y casas en countries donde el lujo terminó convirtiéndose en vulgaridad y el encierro en una suerte de gueto elegante.
Desde una mirada sociológica, la imposición cultural suele explicarse a través de procesos de aculturación asimétrica: un grupo dominante instala valores, normas y prácticas que terminan naturalizándose en la sociedad. Ocurre mediante la educación, los medios de comunicación, las políticas públicas o la presión económica y social.
Algo de eso parece haber sucedido con lo que podría llamarse la “cultura del afano”.
Aquella lógica comenzó a consolidarse con la venta de empresas estatales que, bajo la promesa de “hacer grande al país”, terminó enriqueciendo a unos pocos mientras la mayoría veía deteriorarse su calidad de vida. El proceso contó, además, con la colaboración de sectores empresariales y mediáticos que, ayer como hoy, contribuyeron a naturalizar la ilegalidad mientras participaban del reparto.
En ese contexto, el actual gobierno de Javier Milei ya acumula un nivel de sospechas que llama la atención por su rapidez. Sin haber cumplido siquiera dos años de mandato, las denuncias y las investigaciones judiciales ya habían comenzado a multiplicarse.
El presente político ofrece escenas que rozan lo grotesco. Un jefe de Gabinete de estilo áspero, que llegó al cargo tras ejercer una vocería caracterizada por la arrogancia y la fanfarronería, intenta hoy ensayar sonrisas incómodas frente a cuestionamientos que remiten a un viejo juego de mesa: “El Estanciero”, pero jugado con recursos ajenos.
Todo bajo el amparo del círculo presidencial más íntimo. "El Jefe", en una dinámica de lealtades cruzadas del 3% y favores políticos que alimentan sospechas en lugar de disiparlas.
A ese cuadro se suman episodios tan inverosímiles que, de no existir registros públicos, bien podrían parecer argumentos de ciencia ficción: un presidente investigado por promover criptomonedas vinculadas a empresarios cercanos, operaciones financieras poco transparentes y una cobertura mediática que, en muchos casos, prefiere mirar hacia otro lado.
Si la reacción política y social frente a estos hechos no alcanza la magnitud que cabría esperar, quizá sea justamente porque la “cultura del afano” terminó impregnándolo todo.
La oposición, que debería ejercer un control más firme, arrastra también sus propias sombras. Y entonces aparece aquella vieja sentencia bíblica: “quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra”.
Así se configura un laberinto difícil de abandonar.
Una cultura que contaminó al conjunto de la comunidad política y que ya no parece corregirse con los “dos años” que, en su sinceridad brutal, proponía Barrionuevo.
Tal vez hagan falta doscientos.
Y aun así, nadie puede asegurar que alcance.
Mientras tanto, como tantas veces en la historia argentina, la fiesta de unos pocos sigue pagándose con el esfuerzo de muchos.