POLICIALES EN RIO NEGRO
La Libertad Avanza tendrá el acompañamiento de la oposición dialoguista conformada por el PRO, la UCR de Eduardo Vischi, que en el Senado aportará sus diez votos, y de fuerzas provinciales. Aún son inciertos los posicionamientos de la bancada Justicialista de José Mayans y de Convicción Federal de la vicepresidenta de la Cámara, Carolina Moisés.
El acuerdo con los bonistas
El acuerdo definitivo se alcanzó en los tribunales de Nueva York entre los abogados de la Argentina y los bonistas, que no ingresaron al canje de deuda de 2016, en el juzgado de la jueza Loretta Preska, estableciendo la presentación y ratificación del mismo por parte del Parlamento argentino.
El Presidente con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo remitió al Senado el pasado viernes y la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, definió los giros a las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. En el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta señala que ambas partes “reconocen por el presente que, con posterioridad a la notificación de aprobaciones necesarias, la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67.000.000”. Mientras que US$104 millones serán para al grupo Attestor.
El entendimiento permite, además, despejar las amenazas de ejecución judicial contra activos argentinos como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
En otro de los párrafos del texto que tratarán los senadores señala que “las partes acuerdan una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002 y acuerdan no iniciar nuevas acciones respecto a los bonos objeto de acuerdo, con la salvedad de que cada parte se reserva el derecho de adoptar medidas para preservar o hacer valer su postura respecto de resoluciones y estipulaciones previamente celebradas por las partes".
Este entendimiento marcará el cierre de los litigios por la declaración del default del año 2001.
