crimen de Agostina Vega
14/06/2026 - Edición Nº586
Nacionales
EDITORIAL
Lo de Adorni es vergonzoso, pero el resto es de terror
08:00 | Mientras el Gobierno intenta contener el impacto político de las explicaciones patrimoniales de Manuel Adorni, la realidad económica vuelve a exhibir un problema mucho más profundo y preocupante: la destrucción sostenida del empleo privado.
por Fernando Somoza Especial para NA (*)
La política argentina tiene una larga tradición de escándalos, explicaciones inverosímiles y funcionarios que terminan atrapados en sus propias versiones. Sin embargo, pocas veces una justificación oficial alcanzó niveles de incredulidad semejantes a los que rodean hoy al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La historia ya es conocida. Para explicar parte de su patrimonio, Adorni sostuvo que había recuperado un viejo pendrive que contenía criptomonedas valuadas en cientos de miles de dólares. La explicación provocó una verdadera explosión en redes sociales, alcanzando niveles récord de menciones y convirtiéndose en uno de los temas políticos más comentados de los últimos días. Diversos monitoreos digitales coinciden en que el denominado “caso del pendrive” superó incluso otras polémicas protagonizadas anteriormente por el funcionario y abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la consistencia de sus declaraciones patrimoniales.
Cualquier inconsistencia patrimonial de un funcionario de máxima jerarquía merece ser investigada con rigor. Más aún cuando se trata del hombre que coordina la administración nacional y que ocupa uno de los cargos institucionales más relevantes del país y todavía más cuando sostienen que son “moralmente” aptos.
Las sospechas no nacen únicamente del episodio del pendrive. Durante los últimos meses se acumularon preguntas sobre la evolución de su patrimonio, sus declaraciones juradas y distintos aspectos vinculados a sus ingresos. El asunto ya dejó de ser una controversia mediática para convertirse en un problema político que incluso genera pedidos de explicaciones institucionales y reclamos de mayor transparencia.
Todo eso resulta vergonzoso. Pero hay algo todavía peor.
Mientras la opinión pública discute criptomonedas encontradas milagrosamente en dispositivos olvidados, la economía real continúa destruyendo puestos de trabajo. Y eso es lo que no debería faltar en el centro de la conversación nacional.
Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que en marzo se perdieron 10.728 empleos asalariados registrados en el sector privado. Al mismo tiempo desaparecieron 17.685 monotributistas. No se trata de una simple oscilación estadística: el acumulado de destrucción laboral durante la administración Milei supera los 300.000 empleos privados.
Detrás de esos números existen personas concretas. Familias que dejan de percibir ingresos. Comercios que venden menos. Empresas que reducen actividad. Profesionales que no encuentran clientes. Jóvenes que postergan proyectos. Trabajadores que pasan de la formalidad a la precariedad o directamente a la desocupación.
El dato adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa qué sectores están sufriendo la caída. El comercio, históricamente uno de los grandes motores del empleo argentino, alcanzó niveles mínimos que no se registraban desde hace casi dos años. Es decir, la retracción ya no se concentra exclusivamente en sectores industriales específicos o en actividades particularmente afectadas por la apertura económica. Está alcanzando al corazón mismo del mercado interno.
El Gobierno exhibe como principal logro la desaceleración inflacionaria y el equilibrio fiscal. Son objetivos legítimos y necesarios. Ningún país puede desarrollarse con inflación crónica ni con déficits permanentes.
Sin embargo, la pregunta del millón es cuánto empleo está dispuesto a sacrificar para alcanzar esos resultados. Cuántos endeudados, cuantos desamparados, cuantos…
Porque una economía no puede evaluarse únicamente por sus variables macroeconómicas.
La estabilidad monetaria es importante.
El orden fiscal también.
Pero cuando cientos de miles de trabajadores quedan fuera del sistema productivo, cuando cierran comercios, cuando caen las contrataciones y cuando el empleo formal se vuelve cada vez más escaso, aparece un problema social que ninguna planilla de Excel puede ocultar.
La experiencia argentina ofrece numerosas lecciones sobre este punto.
Los procesos de estabilización que no logran generar empleo terminan enfrentando límites políticos y sociales muy difíciles de superar. La sociedad puede tolerar sacrificios durante un tiempo razonable si percibe que existe una perspectiva de mejora futura. Pero cuando el ajuste parece permanente y los beneficios no llegan al mundo del trabajo, el respaldo comienza a erosionarse.
Por eso resulta tan llamativo el contraste actual.
Un Gobierno que enfrenta cuestionamientos por la conducta de uno de sus principales funcionarios debería estar desesperadamente concentrado en mostrar resultados contundentes en la economía real.
Sin embargo, las noticias que llegan desde el mercado laboral cuentan una historia distinta.
Menos empleo.
Menos actividad.
Menos oportunidades.
Y más incertidumbre.
La discusión sobre Adorni probablemente continúe durante semanas. Habrá investigaciones, explicaciones, operaciones políticas y nuevas controversias. Es el combustible habitual de la política argentina.
Pero aun si mañana se demostrara que todo fue perfectamente legal y transparente, seguiría existiendo un problema mucho más grande.
Porque los escándalos de los funcionarios dañan la confianza pública.
La destrucción del empleo, en cambio, daña la vida cotidiana de millones de personas.
Lo del pendrive es vergonzoso.
Lo que ocurre con el trabajo argentino es, sencillamente, aterrador.
