por Fernando Somoza Especial para NA (*)
Eran tiempos de la Alianza y del gobierno de Fernando de la Rúa. Las fundaciones y centros de estudio económicos ganaban influencia en la toma de decisiones públicas, convencidos de que una correcta administración de planillas y variables macroeconómicas alcanzaría para resolver problemas profundamente políticos y sociales.
La experiencia terminó de manera traumática. La caída del gobierno, la crisis institucional, la violencia en las calles y el derrumbe económico dejaron una enseñanza que todavía conserva vigencia: los números son indispensables para gobernar, pero nunca alcanzan por sí solos para comprender la complejidad de una sociedad.
Sin embargo, distintas corrientes de pensamiento lograron instalar la idea de que la política es apenas una cuestión técnica y que los problemas colectivos pueden resolverse exclusivamente mediante recetas económicas. Ese proceso cultural y político terminó desembocando en el presente, con un presidente como Javier Milei, profundamente convencido de que la libertad de mercado constituye la solución a prácticamente todos los conflictos sociales.
Para Karl Marx, el dinero era una fuerza creada por el propio ser humano que terminaba dominándolo. En su ensayo Sobre la cuestión judía, escrito en 1844, describía al dinero como un poder capaz de desplazar otros valores y transformar las relaciones humanas en simples relaciones de intercambio.
Según esa visión, cuando la acumulación de riqueza se convierte en el objetivo central de una sociedad, el dinero deja de ser una herramienta para transformarse en un fin en sí mismo. El individuo pasa entonces a subordinar su vida, su trabajo y sus vínculos a una lógica donde todo adquiere un precio y poco conserva un valor propio.
Quien observe con atención la evolución de las últimas décadas podrá encontrar paralelismos entre aquellas reflexiones y muchos de los debates contemporáneos sobre el papel del mercado, el Estado y la vida comunitaria.
Y para evitar que esta discusión sea reducida a una cuestión ideológica o partidaria, vale recordar una advertencia mucho más cercana en el tiempo y en la geografía. En 2019, el papa Francisco cuestionó la lógica del “dios dinero”, al considerar que genera sociedades más injustas y deshumanizadas cuando el beneficio económico se transforma en el único criterio para orientar las decisiones.
“Solo si nos damos cuenta de que nuestra verdadera riqueza son las relaciones y no los meros bienes materiales, encontramos formas alternativas de vivir en una sociedad que no esté gobernada por el dios del dinero”, sostuvo Jorge Bergoglio durante una audiencia con miembros de la Confederación de Cooperativas Italianas.
El pontífice también cuestionó el individualismo extremo y advirtió sobre los riesgos de una cultura que mide el éxito únicamente en términos económicos, dejando en un segundo plano la solidaridad, la cooperación y el bien común.
Esa reflexión adquiere especial relevancia en la Argentina actual. Mientras el Gobierno celebra indicadores macroeconómicos que muestran avances en materia fiscal y monetaria, amplios sectores sociales continúan enfrentando una realidad marcada por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo, el deterioro de la actividad económica y la incertidumbre laboral.
La tensión entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana de millones de argentinos constituye hoy uno de los principales desafíos políticos de la administración libertaria. Porque ninguna estadística, por favorable que resulte, puede consolidarse socialmente si no logra traducirse en una mejora concreta en la vida de las personas.
El problema es que el proyecto económico impulsado por Milei se presenta como un proceso de largo plazo. Sus defensores sostienen que los beneficios llegarán con el tiempo. Sus críticos advierten que los costos sociales del ajuste podrían resultar demasiado elevados para amplios sectores de la población.
En ese escenario, el interrogante central sigue abierto: cuánto sufrimiento social está dispuesta a tolerar una sociedad mientras espera los resultados prometidos por un programa económico cuyos beneficios futuros todavía son objeto de debate.
El panorama no invita al optimismo. La falta de alternativas políticas sólidas, sumada al desgaste de las experiencias anteriores, contribuye a sostener una situación en la que gran parte de la ciudadanía parece resignada a transitar un camino incierto.
Cuando la economía se convierte en una cuestión de fe, los números dejan de ser herramientas para transformarse en dogmas, aunque la realidad suele terminar imponiendo sus propias condiciones.