El Tribunal Oral Federal de Paraná transita las instancias decisivas de un debate oral que sacude al sector agropecuario de Entre Ríos y Santa Fe.
El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 14 años de prisión para el productor agropecuario Leonardo Roberto Airaldi, ex titular de la Sociedad Rural de Diamante (SRD), al considerarlo organizador y financista de una compleja red dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante.
La solicitud fue formulada por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR, Martín Uriona, quienes consideraron plenamente acreditada la responsabilidad del imputado principal tras cuatro meses de audiencias.
![La imagen del ladrillo de cocaína dañado que los peritos recuperaron del celular de uno de los imputados, al que en las escuchas llamaban de forma codificada como un]()
La imagen del ladrillo de cocaína dañado que los peritos recuperaron del celular de uno de los imputados, al que en las escuchas llamaban de forma codificada como un "novillito lastimado". (Foto: PROCUNAR).
Pistas y lanchas en la costa
La acusación fiscal describió una aceitada logística criminal que operaba estratégicamente desde los establecimientos rurales del dirigente agropecuario. Según la investigación iniciada en 2019 por denuncias de vecinos, en uno de sus campos funcionaba una pista de aterrizaje clandestina de entre 200 y 250 metros de extensión, utilizada para el arribo de avionetas cargadas con cocaína proveniente del tráfico transnacional.
Desde allí, el estupefaciente era trasladado y distribuido mediante lanchas aprovechando la geografía del río. Debido a esto, los fiscales no solo exigieron la pena de prisión, sino también el decomiso de la estancia “El Mirador”, una propiedad clave sobre la costa del río que facilitaba el enlace con distintos centros poblacionales y cuya geografía dificultaba el acceso de las fuerzas de seguridad.
Airaldi, quien actualmente se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), siguió el alegato de manera virtual.
El rigor de su detención responde a que el productor rural también se encuentra bajo investigación en otra causa paralela por un presunto plan para cometer atentados contra el juez federal Leandro Ríos, el propio fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia.
Durante la exposición, el fiscal Candioti destacó que la organización contaba además con “cobertura policial” local, lo que le otorgaba protección dentro de la fuerza de seguridad provincial y facilidades para desplazarse por rutas clave de la zona sin riesgos de detención.
La investigación sumó pruebas contundentes a partir del secuestro de 29,5 kilogramos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe, en el año 2022, un operativo que dejó al descubierto la ramificación de la banda.
Los fiscales José Ignacio Candioti, Martín Uriona y Juan Podhainy durante el alegato en el que solicitaron 14 años de prisión para Leonardo Airaldi. (Foto: PROCUNAR).
De “novillitos” a “maples”
Uno de los puntos más elocuentes expuestos por la PROCUNAR durante los alegatos fue el desciframiento del lenguaje codificado que utilizaban los miembros de la red criminal. Valiéndose de su habitual actividad lícita y comercial en las áreas rurales, la organización utilizaba términos camperos para coordinar el traslado de los estupefacientes y evitar alertas ante eventuales intervenciones telefónicas.
En las escuchas y mensajes de texto recuperados de los celulares secuestrados, palabras como “carne”, “lomo”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” o “huevos” escondían las transacciones de drogas.
Leé también: “Esto parece algo más pensado”: el desconsuelo de un productor tras sufrir un millonario robo de hacienda
Entre las pruebas exhibidas, los fiscales resaltaron frases explícitas de los sospechosos como “los maples van a llegar a Gaboto” o alertas sobre un “novillito lastimado”, expresión utilizada para graficar un ladrillo de cocaína que había llegado dañado y cuya foto fue recuperada por los peritos tecnológicos.
Los fiscales José Ignacio Candioti, Martín Uriona y Juan Podhainy durante su alegato virtual en el Tribunal Oral Federal de Paraná. (Foto: captura de Zoom).
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Airaldi era indiscutiblemente quien daba las directivas y financiaba la estructura valiéndose de los amplios recursos que le proveía su actividad agropecuaria regular. Pero no operaba solo; el pedido de penas se extendió a otros ocho imputados implicados en los engranajes de distribución, transporte y comercio.
Los fiscales demandaron una pena de 7 años de prisión para Juan Andrés Erbes, 6 años y 4 meses para Sebastián Agustín Armocida, y 6 años para Roberto Fabián Coronel, señalados como coautores.
En tanto, para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet se pidieron 4 años y medio y 3 años y 3 meses respectivamente, bajo la figura de partícipes secundarios, contemplando en el caso de Touzet una perspectiva de género tras oír su testimonio.
Los jueces Noemí Marta Berros y José María Escobar Cello en la sala, junto a la jueza Mariela Rojas conectada de forma remota para escuchar el alegato fiscal. (Foto: captura de Zoom).
Por último, para Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez se requirieron penas menores de entre 3 años de ejecución condicional y 3 años y 2 meses de cárcel efectiva. Con más de cincuenta testigos examinados a lo largo de trece audiencias, el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó la continuidad del debate para los días 1°, 30 y 31 de julio con los alegatos defensivos. El veredicto definitivo que determinará la suerte del exlíder rural se dará a conocer el próximo 13 de agosto.
