Un jurado popular declaró culpables a los tres imputados por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario cripto cuyo cuerpo fue hallado en un arroyo de Ingeniero Budge en 2023, y fueron condenados a prisión perpetua.
Tras varias jornadas de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora, el jurado declaró culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el delito de homicidio agravado, pese a que durante el juicio los tres se habían declarado inocentes y pidieron ser absueltos o, en su defecto, ser juzgados únicamente por el delito de encubrimiento.
Durante los alegatos, la fiscal Marcela Dimundo había solicitado que los doce integrantes del jurado declararan culpables a los tres acusados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por codicia y por el uso de arma de fuego. En la misma línea se pronunció la querella, representada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes también reclamaron una condena.
La fiscal sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitían acreditar la responsabilidad de Pilepich, Vargas y Gil en el asesinato del empresario, una hipótesis que finalmente fue respaldada en el fallo.
La investigación también tiene otros cuatro imputados que no participaron de este juicio por jurados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, quienes serán juzgados en un proceso ordinario que aún no tiene fecha de inicio.
Pérez Algaba, conocido como "Lechuga", era un trader de criptomonedas y comerciante de vehículos de alta gama que fue asesinado entre el 18 y el 19 de julio de 2023. Días después, su cuerpo apareció desmembrado y distribuido en una valija roja, una mochila y bolsas de consorcio abandonadas en distintos puntos del Arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, un hallazgo que dio origen a una investigación de alto impacto.
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el crimen habría sido cuidadosamente planificado y estuvo motivado por una importante deuda en dólares que dos de los acusados mantenían con la víctima. La hipótesis sostiene que Pérez Algaba fue engañado para asistir a una reunión en un predio de General Rodríguez con la promesa de cobrar ese dinero. Una vez allí, habría sido atacado por la espalda y asesinado.
Tras el homicidio, los responsables habrían puesto en marcha un plan para ocultar el crimen, desmembrando el cuerpo y descartando los restos en distintos recipientes para dificultar la identificación de la víctima y el avance de la investigación. El caso tuvo una enorme repercusión pública por la violencia del asesinato y la complejidad del operativo de encubrimiento que, según la Justicia, involucró a varias personas.