por Fernando Somoza Especial para NA (*)
El presidente Javier Milei se caracteriza por su verborragia. Pero si hoy, desde la máxima magistratura, continúa realizando declaraciones muchas veces contradictorias o difíciles de sostener, resulta difícil imaginar que durante la campaña electoral hubiera sido más prudente o moderado.
Algunos sostienen que cumplió con todo lo prometido y que, aun así, conserva un importante respaldo social. Sin embargo, esa percepción parece asentarse más en una construcción simbólica que en los hechos concretos. Fueron precisamente muchos de los sectores que más padecieron las consecuencias del ajuste quienes lo acompañaron con su voto y hoy buscan explicaciones para justificar aquella decisión.
Lo cierto es que no hubo dolarización, tampoco cierre del Banco Central ni una ofensiva contundente contra la corrupción. Por el contrario, buena parte de las sospechas e investigaciones que hoy ocupan la agenda pública se desarrollan dentro del propio universo político de La Libertad Avanza y no fuera de él.
Lo que sí se concretó fue una larga serie de medidas que impactaron sobre la mayoría de los argentinos: recortes en organismos públicos, reducción de programas de asistencia, deterioro de áreas estratégicas del Estado, dificultades crecientes para las pequeñas y medianas empresas y una marcada retracción del consumo.
Todo ello contribuyó a una creciente precarización laboral y a un escenario donde muchas familias enfrentan deudas difíciles de afrontar. El resultado es un presente cargado de incertidumbre y angustia. Mientras tanto, aquella promesa de que "la casta iba a pagar" parece haber quedado en el camino. No sólo no ocurrió, sino que los sectores históricamente más favorecidos continúan ampliando sus beneficios.
¿Y AHORA QUÉ?
Con buena parte del aparato productivo golpeado y una sociedad atravesada por tensiones económicas y sociales cada vez más profundas, no resulta sencillo advertir cuál será la estrategia política del oficialismo de cara a los próximos desafíos electorales.
Si la situación económica no mejora de manera perceptible para la mayoría de la población, la posibilidad de una reelección presidencial podría verse seriamente comprometida. Hasta el momento, uno de los principales activos del gobierno parece ser la fragmentación y la permanente disputa interna de la oposición.
Hablar de "fraude electoral" puede parecer una expresión exagerada. La historia argentina conoció modalidades mucho más burdas de alteración de la voluntad popular: desde el fraude electoral tradicional hasta las interrupciones militares del orden democrático. Más recientemente surgió el denominado "lawfare", entendido como la utilización del sistema judicial con fines de persecución o disciplinamiento político.
Sin embargo, existe otra discusión que merece ser abordada.
Hace pocos días, en una columna de opinión titulada "El fraude electoral argentino: prometer para ganar, incumplir para gobernar", José Rodolfo Di Vanni, integrante de la ENAC (Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino), planteó una reflexión especialmente relevante para comprender el presente.
Tras repasar experiencias de distintos gobiernos, desde Carlos Menem hasta Javier Milei, Di Vanni sostiene que "no se trata aquí de discutir las orientaciones ideológicas de cada gobierno. Cada fuerza política tiene derecho a proponer su programa económico y social. Lo que está en discusión es otra cosa: la distancia entre lo que se promete para ganar votos y lo que luego se ejecuta desde el poder".
Reconoce la existencia de condicionamientos estructurales propios de la economía argentina, pero advierte sobre una diferencia fundamental: una cosa es que circunstancias extraordinarias dificulten el cumplimiento de una propuesta y otra muy distinta es construir deliberadamente un discurso electoral que no guarda relación con el programa que realmente se aplicará una vez alcanzado el gobierno.
En ese punto, señala, aparece una zona que se acerca peligrosamente al concepto de fraude.
Más aún cuando "la campaña electoral se convierte en una ficción narrativa diseñada para captar votos mientras las verdaderas decisiones ya están tomadas de antemano". En ese escenario, el ciudadano deja de elegir entre proyectos políticos reales para optar entre relatos cuidadosamente construidos.
La consecuencia es grave: se erosiona uno de los pilares esenciales de la democracia, que es la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre el rumbo del país.
"Si los programas de gobierno que se aplicarán no son los que se anuncian durante la campaña, entonces el voto deja de ser una herramienta de decisión política para convertirse en un simple mecanismo de legitimación posterior. En otras palabras: el electorado vota una cosa y recibe otra", sostiene Di Vanni.
Para las PyMEs, agrega, esta situación resulta especialmente perjudicial. Las pequeñas y medianas empresas necesitan previsibilidad, reglas claras y marcos estables para invertir, producir y generar empleo. Sin embargo, en numerosas ocasiones las decisiones económicas más trascendentes aparecen después de las elecciones y no antes.
Se vota bajo determinadas promesas y luego se gobierna con un programa diferente.
La Argentina necesita recuperar algo básico que parece haberse extraviado en el camino: la honestidad política. Los gobiernos pueden equivocarse, enfrentar crisis inesperadas o incluso fracasar en sus objetivos. Todo eso forma parte de la dinámica democrática.
Como suele ocurrir en nuestro país, abundan los diagnósticos precisos sobre los problemas que nos afectan. Lo que sigue faltando son los tratamientos capaces de corregirlos.