Denunciaron a una empleada judicial por al menos 17 estafas: investigan si ofrecía trabajo a cambio de cobros millonarios

Gisela S., de 40 años y empleada del Poder Judicial de Misiones, es la principal sospechosa en una causa por presuntas estafas a 17 personas por más de 9,5 millones de pesos mediante falsas promesas de puestos de trabajo en organismos públicos de la provincia. El lunes se negó a declarar ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas.

La investigación, a cargo del fiscal René Casals, estableció que la mujer contactó a las víctimas entre marzo y mayo de 2026 a través de WhatsApp para ofrecerle supuestos puestos en la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas, entre otros entes estatales.

Exigía pagos de alrededor de 500 mil pesos por contratos temporarios y un millón de pesos por ingresos en planta permanente. A cambio, solicitaba transferencias a cuentas o billeteras virtuales a su nombre, fotografías de documentos personales y mantenía comunicación constante en la que prometía que las contrataciones se concretarían en breve.

Las víctimas, en su mayoría residentes de la zona oeste de Posadas y en situación de vulnerabilidad por falta de empleo, realizaron los pagos. Algunas vendieron animales de cría, materiales de construcción o pidieron préstamos informales para reunir el dinero.

Una de las denunciantes transfirió una suma importante para ella y sus dos hijos mayores. A mediados de mayo, la acusada mantuvo una reunión presencial con varios damnificados en la que ratificó las promesas. Sin embargo, al no recibirse noticia de los organismos públicos, las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales.

Cuando comenzaron los reclamos, la imputada pidió nuevas transferencias con la promesa de devolver el dinero una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos. Sin embargo, poco después dejó de responder los mensajes y las llamadas.

La denuncia formal fue presentada el 23 de junio. El abogado Federico Padolsky, que patrocina al grupo de damnificados y solicitó constituirse como querellante particular, aportó al expediente chats de WhatsApp y documentación de las transferencias bancarias.

Entre los mensajes figuran expresiones como “Junten el máximo (de dinero) que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta (permanente)” y “Buenos días señor, usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo”.

Padolsky señaló que las víctimas “literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos” y que la acusada “se metió con gente que estaba en situación de vulnerabilidad”.