El laberinto de la sucesión y el fantasma de la acefalía

La salud de los mandatarios en la Argentina no forma parte de la intimidad por razones obvias y por lo tanto, se instala por derecho propio en el centro de la especulación política y la inestabilidad institucional.

Las recientes situaciones, donde prima el hermetismo debido a que el jefe de Estado desaparece del radar público durante días bajo un halo de mutismo oficial, reavivan el interrogante más delicado del sistema constitucional: ¿qué ocurre si la cúspide del Ejecutivo se desploma de forma definitiva?

Lejos de constituir un bloque homogéneo, el poder real en la Casa Rosada vive este escenario con una tensión interna al rojo vivo, donde Karina Milei, los primos Menem —Martín y Lule—, Luis Caputo y Patricia Bullrich junto al borrado Santiago Caputo, calibran sus propias supervivencias mientras vigilan los movimientos de la línea sucesoria con una mezcla de celo y miedo, sumando fichas a la paranoia generalizada.

Constitucionalmente, el artículo 88 de la Carta Magna es de una claridad sostenida: ante la enfermedad, ausencia o muerte del Presidente, el Poder Ejecutivo debe ser asumido de inmediato por la vicepresidenta de la Nación.

Sin embargo, en el universo libertario la figura de Victoria Villarruel funciona, no como una heredera natural, sino como un cuerpo extraño con un alto factor de riesgo político mayúsculo que el núcleo duro quiere neutralizar a cualquier costo. Para el triángulo de hierro —comandado por Karina y operado con destreza por los Menem—, permitir el desembarco de Villarruel en el sillón de Rivadavia equivale a entregar las llaves del Estado a una agenda propia, con terminales castrenses y corporativas ajenas al dogma cerrado de la mesa chica y esto también incluye coqueteos con el “peronismo de Perón”.

Es ahí donde la interna del gabinete entra en trances. Por un lado, los Menem y la Secretaría General de la Presidencia operan en un delicado equilibrio de blindaje, como es mantener a Javier Milei en un perpetuo entretenimiento en las redes sociales, ejerciendo el control remoto de la firma y donde esta suerte de “bicefalia de hecho” evite declarar la vacancia formal.

Si el Presidente permanece recluido, sin parte médico oficial y con apariciones dosificadas, se suspende temporalmente el gatillo de la sucesión y se cortan las ambiciones de la Vicepresidenta.

Pero este juego de sombras también genera un riesgo interno y son los cortocircuitos con los ministros de peso político real.

Luis Caputo, obsesionado con la estabilidad macroeconómica y el humor de los mercados financieros, sabe que cualquier vacilación prolongada o disputa abierta por la firma de los decretos espanta inversiones y dinamita el ancla fiscal, por eso mismo esta semana comenzó a jugar algunas cartas como el hecho de mencionar la palabra “justicia social” (aborrecida por Milei) en uno de sus discursos, como también el lanzamiento de créditos hipotecarios para viviendas, que tiene más de tribuna que de realidad, debido a que accedería tan solo unos 18.000 beneficiarios y de ingresos de medianos a altos.

A su lado, Patricia Bullrich, veterana de mil batallas institucionales y observadora desconfiada, trata de sacar ventaja del hermetismo del entorno presidencial, consciente de que una crisis de acefalía sin control político pone en riesgo el orden público y la gobernabilidad misma del modelo.

¿Existen vericuetos legales para bloquear a la vice? Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el margen es exiguo por no decir nulo mientras ella mantenga sus atributos legales y no medie una condena judicial inhabilitante o una renuncia indeclinable.

No obstante, en el terreno de la ingeniería política subterránea, el primer círculo evalúa alternativas de contención. En el hipotético y extremo caso de que la salud del mandatario quebrara de forma irreversible y se impusiera la necesidad de declarar la inhabilidad, se abriría una guerra fratricida dentro del propio Gabinete. ¿Quién puede pedir la inhabilitación? La Constitución no detalla un mecanismo automático para certificar la incapacidad mental o física si el propio afectado no la promueve; por lo general, requiere una iniciativa institucional de gran envergadura en el Congreso basada en juntas médicas independientes o dictámenes fehacientes de los ministros del área.

Se trata de un escenario que la oposición por ahora prefiere evitar, mientras que  de promoverlo Caputo, Bullrich y el resto de los funcionarios equivaldría a detonar una bomba neutrónica en el corazón del oficialismo, ya que ese mismo acto jurídico consagraría de manera automática la asunción de la mujer que todos ellos pretenden evitar.

Entonces, las opciones de la mesa chica para esquivar este destino se reducen a maniobras de desgaste legislativo, presión pública coordinada y un operativo clamor para forzar un interinato sui géneris si el Parlamento debiera intervenir bajo la ley de acefalía.

Pero empujar una interpretación restrictiva de la norma choca contra la colisión institucional y el riesgo de una fractura total en el bloque gobernante.

Los Menem controlan terminales clave en Diputados, pero carecen de una mayoría propia para blindar un atajo institucional de semejante magnitud sin romper definitivamente con los sectores dialoguistas que responden a los gobernadores y a los aliados tácticos del PRO.

El prolongado y preocupante silencio de los últimos días no es más que el ensayo general de una pulseada subterránea donde los cortocircuitos entre los ministros y el entorno íntimo del Presidente se multiplican detrás de bambalinas.

El poder real sabe que el verdadero peligro no reside sólo en la debilidad física del mandatario, sino en la feroz guerra de facciones que desataría su ausencia, dispuesta a dinamitar la administración con tal de no ceder un solo metro de poder.

(*) [email protected]