por Fernando Somoza Especial para NA (*)
Hay algo preocupante cuando una sociedad atravesada por una crisis económica comienza a considerar normal el sufrimiento de los demás.
La Argentina parece transitar una etapa de peligrosa naturalización del dolor ajeno, con ciertas similitudes a las más sangrientas dictaduras y lo singular es que estamos transitando más de 40 años de democracia ininterrumpida.
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, millones de personas padecen las consecuencias de un programa económico que tiene escasos ganadores, pero que además parece haber instalado una idea inusitada y es que si alguien queda al costado del camino, es porque era necesario.
Los jubilados son acaso la expresión más evidente. Adultos mayores que trabajaron durante décadas reciben ingresos que muchas veces no alcanzan para cubrir alimentación, medicamentos y servicios básicos. La jubilación mínima se ubica hoy en $419.776 y, con el bono extraordinario, llega a $489.776. Son cifras que pueden presentarse como aumentos nominales, pero que no explican la vida cotidiana de quien debe decidir qué medicamento compra y cuál posterga.
Y esos mismos jubilados salen cada miércoles a reclamar y no exigen privilegios, sino poder vivir con dignidad. Sin embargo, las imágenes terminan siendo siempre de enfrentamientos con fuerzas de seguridad (también de sueldos magros, actualizados recientemente) repartiendo palazos, balas de goma y gases lacrimógenos. El reclamo de quienes deberían despertar respeto terminó convertido, para algunos, en una molestia que hay que controlar.
En ese escenario despiadado también están los trabajadores que pierden sus empleos y sobreviven con changas, quienes dejaron de consumir porque el salario no alcanza, los pequeños comerciantes que bajan la persiana, las pymes que reducen personal y las personas con discapacidad que se enfrentan a un Estado cada vez más desentendido de la vida cotidiana y de los sectores que requieren de asistencia, algo que para cualquier nación desarrollada, debiera ser normal de satisfacer.
Y como el ingreso ya no alcanza aparece el crédito. Claro que no es para comprar una casa ni para invertir, sino para llegar a fin de mes. En junio había casi 21 millones de deudores entre bancos y billeteras virtuales y 5,91 millones se encontraban en situación de mora. La morosidad de las familias trepó al 12,8%, uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas.
La respuesta oficial suele ser conocida: no hay plata, el déficit no puede volver, el rumbo no se modifica.
El argumento puede ser discutido y está atravesado por datos a veces falsos y otras exagerados para modificar la realidad de un programa que hace agua por todos lados. Pero además, lo que resulta difícil de aceptar es que la falta de recursos parezca funcionar únicamente cuando se trata de quienes necesitan del Estado.
Porque mientras se reclama sacrificio a los sectores más débiles, el Gobierno anuncia reducciones de retenciones y de cargas tributarias para determinadas actividades y sectores. En mayo, Milei anunció una reducción de las retenciones al trigo y la cebada y anticipó nuevas rebajas para la soja, el RIGI y el super RIGI, son parte de los privilegios.
La ecuación parece clara ¿quién paga el costo de cada decisión?
Hay otra señal que debería obligarnos a detenernos y con los cuidados necesarios sacar del tabú un tema que parece desbordar a la sociedad y es el crecimiento de los suicidios desde 2024. Nadie puede atribuir semejante fenómeno exclusivamente a una política económica porque el suicidio es multicausal. Pero tampoco una sociedad responsable debería mirar ese número y continuar caminando como si nada desentendiéndose del hecho de que los cambios económicos dinamitaron los bolsillos de quienes justamente no fueron responsables de estas y otra decisiones erróneas.
Lo verdaderamente perturbador, entonces, no es solamente la pobreza, el desempleo, el endeudamiento o la pérdida de ingresos. Es la explicación que comienza a acompañarlos: “era necesario”, “hay que aguantar”, “primero había que ordenar”, “los otros hicieron lo mismo o peor”.
Siempre hay una justificación disponible que llega desde la política por parte de dirigentes y funcionarios multimillonarios, otorgándole banales argumentos al ciudadano de a pie que por alguna razón inexplicable, busca justificar que a su propio vecino le vaya mal, como si “opinar como rico, me hace rico”.
Y cuando no alcanza con los argumentos falaces, aparece el insulto. El presidente suele responder a sus críticos con descalificaciones y agravios, incluso cuando quienes cuestionan sus políticas no están defendiendo un privilegio sino reclamando por su propia supervivencia.
Así se construye una sociedad cada vez más fragmentada, donde el padecimiento del otro se observa con indiferencia siempre que uno crea que no le tocará.
Pero la historia enseña que ninguna sociedad puede permanecer indefinidamente dividida entre quienes sufren y quienes observan.
Por eso el verdadero éxito de esta época no es haber instalado una determinada política económica, sino haber conseguido que una parte de la sociedad deje de conmoverse frente al dolor de otra.
Aunque eso sea una victoria de la crueldad que puede ser derrotada a partir de una palabra que parece haber perdido valor: solidaridad. No como consigna partidaria ni como excusa para sostener privilegios, sino como principio elemental de convivencia.
Si aceptamos sin más que un jubilado deje de comprar sus medicamentos, que un trabajador se endeude para comer o que una persona discapacitada deba justificar una y otra vez su necesidad, terminaremos creyendo que el problema es solamente de ellos, y más temprano que tarde con el agua al cuello, caeremos en la cuenta de que el problema era de todos.