El caso Ian sumó un nuevo y polémico capítulo que vuelve a colocar bajo fuertes cuestionamientos la actuación del Juzgado de Menores de Clorinda.
La abogada Gabriela Neme denunció que la jueza Nadia Soledad Caballero resolvió entregar la guarda de Ian, de 11 años, a su abuela materna sin establecer —según afirmó— un límite temporal , pese a que el niño no habría sido escuchado personalmente antes de adoptarse una decisión capaz de modificar profundamente su vida cotidiana y sus vínculos familiares.
Neme cuestionó además que la medida implique trasladar al menor a aproximadamente 200 kilómetros de su madre Elena y de sus hermanas , profundizando una separación familiar que viene siendo uno de los ejes centrales del conflicto.
La abogada fue categórica:
"LA JUEZA CABALLERO NO ESCUCHÓ A IAN".
Y desde allí lanzó una acusación todavía más grave: sostiene que la resolución no habría respetado debidamente el interés superior del niño ni su derecho a ser oído.

La jueza interviniente en el "Caso Ian" en la provincia de Formosa es la Dra Nadia Soledad Caballero, titular del Juzgado de Primera Instancia de Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la localidad de Clorinda.
La contradicción señalada por la letrada resulta difícil de ignorar.
Durante semanas, la discusión alrededor del caso estuvo atravesada por un mismo reclamo: que Ian fuera escuchado .
El niño escapó de una residencia, su madre y sus representantes formularon graves denuncias sobre el trato que habría recibido dentro del sistema de minoridad y se desató una batalla judicial alrededor de su alojamiento.
Ahora se tomó una decisión todavía más trascendente: determinar con quién deberá vivir.
Sin embargo, Neme asegura que nuevamente faltó la voz fundamental.
¿Cómo puede decidirse dónde vivirá un niño, con quién permanecerá y a qué distancia estará de su núcleo familiar sin escuchar previamente qué quiere, qué teme y qué tiene para decir?
Esa es la pregunta que Neme coloca nuevamente frente a la Justicia de Clorinda.
La abogada agregó otro elemento particularmente delicado.
Según denunció públicamente, la misma abuela materna que ahora recibió la guarda habría protagonizado en 2020 un episodio en el que retuvo a Ian —que entonces tenía cinco años— e impidió durante aproximadamente dos meses el contacto con su madre .
Se trata de un antecedente denunciado por Neme que deberá ser contrastado con las actuaciones judiciales correspondientes.
Pero, si efectivamente consta en el expediente, surge una pregunta inevitable:
¿Fue evaluado ese antecedente antes de entregar la guarda?
¿Se determinó cómo es actualmente el vínculo entre Ian y su abuela?
¿Se escuchó al niño sobre la posibilidad de vivir con ella?
¿Se evaluó el impacto de alejarlo unos 200 kilómetros de su madre y sus hermanas?
Son interrogantes demasiado importantes como para ser respondidos simplemente con otra resolución.

Ana Gabriela Neme abogada, activista por los derechos humanos y política de la provincia de Formosa, Argentina.
Neme cuestionó especialmente la distancia que la decisión judicial impondría entre Ian y su familia inmediata.
Después de meses de conflicto alrededor de la vinculación con su madre, la respuesta judicial sería ahora enviarlo a vivir a unos 200 kilómetros.
Para la abogada, lejos de reconstruir los vínculos familiares, la decisión amenaza con profundizar el desarraigo.
Y allí vuelve a aparecer el concepto que debería atravesar cualquier actuación judicial relacionada con un menor: el interés superior del niño .
No el interés de los adultos.
No la comodidad de las instituciones.
No la necesidad de cerrar un expediente.
El interés de Ian.
Y para saber cuál es ese interés, escuchar al propio niño no parece un detalle menor.
Neme acusó directamente a la magistrada de haber vulnerado las garantías que protegen a Ian.
"Violó todas las leyes" , afirmó.
La letrada sostiene que tanto la legislación argentina de protección integral de niños y adolescentes como los tratados internacionales reconocen el derecho de los menores a ser escuchados en procedimientos que afectan directamente sus vidas y a que sus opiniones sean consideradas de acuerdo con su edad y madurez.
Por eso anticipó que la decisión será apelada.
Y adelantó que está dispuesta a llevar la discusión hasta la máxima instancia judicial.
"Vamos a apelar y llegaremos a la Corte" , aseguró.
Pero detrás de la batalla jurídica existe una dimensión mucho más preocupante.
Ian tiene 11 años.
En los últimos meses atravesó institucionalizaciones, conflictos familiares, intervenciones judiciales, denuncias de presuntos maltratos, episodios de hospitalización, fugas y sucesivos cambios respecto de dónde y con quién debía permanecer.
Ahora enfrenta una nueva modificación de su vida.
Neme advirtió que semejante sucesión de acontecimientos estaría provocando un profundo daño emocional al menor.
"El problema es que lo están rompiendo moralmente a Ian y van a tener que pagar las consecuencias del daño que le están haciendo" , advirtió.
La frase resume el núcleo más dramático del caso.
Mientras los adultos discuten expedientes, competencias, medidas y apelaciones, hay un niño atravesando cada una de esas decisiones.
La abogada fue todavía más lejos y reclamó directamente que se analice la continuidad de las funcionarias judiciales que intervinieron.
"Hay que destituir a esa jueza y a la asesora de menores" , sostuvo.
El pedido representa una escalada significativa en el enfrentamiento entre Neme y la Justicia de Menores de Clorinda.
Ya no cuestiona solamente una resolución determinada.
Está poniendo bajo discusión la actuación integral de quienes tuvieron la responsabilidad institucional de intervenir en el caso Ian .
Las decisiones judiciales vinculadas con niños requieren prudencia, reserva y protección de su intimidad.
Pero esa necesaria protección no elimina la obligación de explicar cómo se garantiza el respeto de sus derechos.
Y frente a esta nueva resolución existe una pregunta elemental que merece una respuesta institucional:
¿Ian fue escuchado antes de decidir con quién y a 200 kilómetros de dónde deberá vivir?
Si la respuesta es sí, deberá aclararse cuándo, cómo y bajo qué condiciones ocurrió.
Pero si, como denuncia Gabriela Neme, la jueza resolvió una medida de semejante trascendencia sin escuchar previamente al niño , el cuestionamiento adquiere una dimensión mucho mayor.
Porque Ian no es una carpeta que pueda trasladarse de un juzgado a una residencia y de una residencia a otra familia.
Tiene 11 años.
Tiene vínculos.
Tiene miedos.
Tiene deseos.
Tiene una madre y hermanas de las que, según denuncia Neme, ahora quedará separado por aproximadamente 200 kilómetros.
Y, fundamentalmente, tiene voz .
Una Justicia creada para proteger a los niños debería comenzar precisamente por allí:
ESCUCHÁNDOLOS.