Caso Ian en Formosa: Denuncian "traslado forzoso" y la familia exige la destitución de la jueza

El dramático caso de Ian, el niño de 11 años que se encontraba bajo tutela estatal en la localidad formoseña de Clorinda, sumó un nuevo y escandaloso capítulo judicial. Tras la fuga del menor del establecimiento donde estaba alojado y la posterior revelación de graves abusos institucionales, la jueza de menores Nadia Caballero resolvió otorgarle la guarda provisoria a la abuela materna. Sin embargo, la medida lejos de traer paz, desató una fuerte ola de rechazos y denuncias de desamparo.

La abogada de la familia, Gabriela Neme, fue la encargada de visibilizar la disconformidad con el fallo judicial. Según la letrada, la decisión de la magistrada se tomó "a espaldas del niño y sin escuchar su testimonio", vulnerando de manera directa el principio del Interés Superior del Niño. Desde el entorno familiar advierten que el traslado a la casa de la abuela —quien reside a 200 kilómetros de la madre de Ian— reactiva un viejo foco de conflicto familiar y coloca al menor en una nueva situación de desprotección.

Relatos de terror dentro del hogar estatal

La polémica estalló con fuerza luego de que Ian lograra escapar del dispositivo estatal y relatara el calvario que vivía puertas adentro. De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Justicia, el niño describió un régimen de castigos que incluía golpes, duchas con agua helada y aislamiento.

El punto más alarmante de la acusación radica en la presunta sobremedicación con sedantes. La defensa denunció públicamente que el menor fue trasladado completamente dopado desde el Hospital de la Madre y el Niño hacia el Hogar Crecer, una práctica que los familiares califican como una estrategia para "mantenerlo dormido y sumiso".

Denuncias cruzadas y pedido de destitución

Frente a este escenario, los representantes legales del menor ya interpusieron recursos de apelación y exigieron la destitución inmediata de la jueza Caballero y de la asesora de menores interviniente, acusándolas de mal desempeño y complicidad con el sistema de revictimización estatal.

De manera paralela, la tensión se trasladó a las calles y a las comisarías. La Policía provincial inició causas por "daños, resistencia a la autoridad y lesiones" contra Elena, la madre de Ian. Para las organizaciones de derechos humanos y el entorno del niño, estas acciones configuran una clara maniobra de "hostigamiento, persecución y disciplinamiento" que busca amedrentar a la familia para que cese con los reclamos públicos.

Mientras la batalla legal continúa, diversas redes profesionales de infancia de todo el país se han pronunciado en alerta. El reclamo social es unánime: exigen que la palabra de Ian sea finalmente escuchada por especialistas idóneos en un entorno seguro, lejos de las presiones institucionales que, hasta el momento, no han hecho más que fallar en su obligación de protegerlo.