por Fernando Somoza Especial para NA (*)
Los recortes no empezaron con el Presupuesto 2027. Hace casi tres años que el gobierno de Javier Milei sostiene una política de reducción del gasto público que alcanzó a sectores cuya capacidad para defenderse por sus propios medios es limitada.
En agosto pasado, las jubilaciones y pensiones fueron nuevamente una de las partidas que explicaron la reducción real del gasto. Según un informe de Analytica el Gobierno destinó a esa partida un 1,5% menos que en agosto de 2025, mientras que el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima lleva 30 meses congelado y perdió alrededor del 55% de su poder adquisitivo por eso es que ahora el Presupuesto 2027 profundiza la discusión.
El proyecto presentado por el Ejecutivo propone modificar el régimen de las pensiones para personas con discapacidad. Entre otras cuestiones, establece una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y plantea hacerla incompatible con un empleo formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.
También modifica mecanismos centrales del sistema de prestaciones establecido por la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793.
La Secretaría Nacional de Discapacidad, cuestionada oportunamente por las denuncias de corrupción que llegaron hasta la hermana del presidente, afirma que está actualizando mensualmente los aranceles de las prestaciones según el IPC y presenta esas medidas como parte de un esquema destinado a garantizar previsibilidad y sostenibilidad. En septiembre, por ejemplo, dispuso una actualización del 1,7%.
El proyecto también contempla una reducción real del 9,7% para los recursos destinados al programa Alimentar Comunidad durante 2027.
Ese programa ya acumula, según los análisis difundidos sobre el proyecto, una caída real del 47,6% desde 2023.
Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tendría además un recorte real del 11,3% frente a 2026 y del 75,8% respecto de 2023.
Y hay algo más y es que el artículo 17 del proyecto elimina la fórmula de actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares sin establecer un mecanismo sustituto ni una periodicidad obligatoria.
Cómo confrontar estas políticas con ideas liberales que por sus características aparecen cercanas a Milei, quien cuando era diputado y en declaraciones televisivas sostuvo que los liberales “son superiores en lo moral y en lo estético”.
Es en este punto donde una investigación académica publicada en Bioethics Update en 2018 adquiere una vigencia inesperada.
Beatriz Eugenia Campillo Vélez estudió en La libertad en la eugenesia liberal: reflexiones sobre el papel del Estado la transformación de la vieja eugenesia autoritaria hacia nuevas formas vinculadas con la autonomía individual.
La autora advierte que identificar la libertad exclusivamente con la ausencia de intervención estatal puede terminar desconociendo una tradición liberal que también atribuye al Estado la responsabilidad de garantizar los derechos humanos.
La eugenesia histórica pretendía seleccionar a los seres humanos considerados aptos y eliminar o impedir la reproducción de quienes eran definidos como no aptos. La eugenesia liberal desplaza esa decisión desde el Estado hacia elecciones individuales, apoyadas en las posibilidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y el mercado.
La Argentina de Milei plantea una situación diferente, pero la comparación permite formular una pregunta.
¿Qué sucede cuando la selección ya no ocurre antes del nacimiento, sino después?
No se trata de afirmar que el Presidente esté aplicando una política eugenésica, sino que la cuestión es otra: cuando una persona con discapacidad pierde protección, cuando un jubilado pierde capacidad de compra, cuando un comedor recibe menos alimentos o cuando una familia vulnerable queda a merced de una actualización discrecional, la reducción del Estado no elimina la vulnerabilidad. La desplaza sobre el individuo.
Entonces, paradójicamente, la libertad puede ser una formidable herramienta cuando existen condiciones materiales para ejercerla. Pero para quien necesita una pensión para vivir, una prestación para acceder a un tratamiento o un comedor para garantizar la comida de sus hijos, la libertad de arreglarse solo puede terminar pareciéndose demasiado a otra cosa, como por ejemplo a una “selección”, no precisamente de quién merece nacer; sino de cuánto está dispuesto a hacer el Estado para que algunos puedan seguir viviendo.